Rodrigo Rivera Morales: El retiro de la CPI no exime de responsabilidad penal
No es de extrañar la denuncia del Tratado de Roma realizado por la Asamblea Nacional. Algunos opinábamos que se habían tardado. Es una actitud tópica de gobiernos dictatoriales de ropaje y auto-titulación socialista-comunista. La explicación que nos dábamos era que los llamados herederos de Chávez no querrían contradecir a su líder y mentor, pues, este con bombos y platillos, durante su mandato había ratificado la adhesión venezolana al Estatuto de Roma, pronunciando una grandilocuente perorata en apoyo de a la justicia penal internacional.
Pero, bien, no es la primera vez que se saltan los deseos de su eterno líder en palabrería, pues, lo llaman así por un cumplido, ya que hace rato lo han desplazado. Es simplemente una pandilla criminal que se cubre de ropajes para perpetuarse en el poder y seguir enriqueciéndose groseramente.
Ellos saben que hay fuertes fisuras en su interior en dos niveles: en los chavistas auténticos que acusan a Maduro y secuaces de haberse desviado, y en el seno de las fuerzas armadas que sienten que el modelo está agotado lo que ha producido un inmenso repudio popular y una profunda crisis socio económica.
Así que para tratar de medio sellar la fisura militar y hacer cháchara antimperialista han salido con esto de una ley de denuncia del Tratado de Roma. Con esto piensan que habrá impunidad para sus crímenes contra el pueblo venezolano.
Si bien es real que hace rato pisotean y desconocen la Constitución, me permito recordarles que el artículo 333 constitucional dispone “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.”. Por más que la pandilla y los poderes sumisos desconozcan la Constitución esta permanece vigente. Significa que sigue vigente el artículo 29 que dispone tajantemente que los delitos de lesa humanidad y las violaciones graves de derechos humanos son imprescriptibles.
Hay algo más ordena a los tribunales ordinarios nacionales “serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.
Los jueces penales venezolanos y los fiscales del ministerio público deben saber que sin cómplices por encubridores, puesto que su omisión de investigarlos constituye violación constitucional ilegal.
Es más, dado la notoriedad pública y comunicacional de los crímenes lesa humanidad y de las graves violaciones de los derechos humanos, lo cual ha sido en todo el territorio nacional.
La complicidad por encubrimiento sigue al delito principal y es imprescriptible. En algunos países, por ejemplo, en Perú en tiempo de Fujimori, los unos jueces peruanos para evadir la CPI de algunos militares y funcionarios policiales hicieron un mamotreto de juicio y los absolvieron.
Les recuerdo que internacionalmente no se reconoció tales juicios y fueron calificados como farsas, puede revisar la CIDH.
Por otra parte, hay malas noticias para quienes han ordenado y cometido crímenes en Venezuela que son calificados como lesa humanidad y genocidio, conforme al artículo 127 del Estatuto de Roma en el numeral 2º claramente se dispone que “La denuncia no obstará a la cooperación con la Corte en el contexto de las investigaciones y los enjuiciamientos penales en relación con los cuales el Estado denunciante esté obligado a cooperar y que se hayan iniciado antes de la fecha en que la denuncia surta efecto; la denuncia tampoco obstará en modo alguno a que se sigan examinando las cuestiones que la Corte tuviera ante sí antes de la fecha en que la denuncia surta efecto·.
Por más de la perorata de Rodríguez y Cabello, que por cierto han movido contactos para congraciarse con Trump, el expediente que cursa ante la CPI continuará, podrán ser juzgados, obviamente, condenados.
Son delitos imprescriptibles.Los venezolanos hoy debemos enarbolar la bandera de lucha contra la violación permanente y sistemática de los derechos humanos. Nuestra consigna debe ser ¡Castigo para los crímenes, no pasarán! ¡Hasta el final!
Doctor en Derecho Constitucional y Procesal. Profesor Universitario. Asesor académico.
Versión Final
