Francia y Suiza destapan blanqueo de capitales ligados al CLAP en caso Plus Ultra

El blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra implicaría directamente al gobierno de Nicolás Maduro. Según un reportaje difundido por Libertad Digital, periódico español, se nutría de fondos contra la pobreza del programa venezolano.

Fueron Francia y Suiza las naciones que reabrieron el caso Plus Ultra al investigar un posible blanqueo de capitales ligado a los CLAP y al rescate público aprobado en España.

España había archivado provisionalmente su caso Plus Ultra porque no encontró nada ilícito en el rescate de una aerolínea que representaba el 0,03% de los vuelos nacionales, que fue calificada de estratégica teniendo un avión operativo y que acumulaba pérdidas de más de 13 millones previas al rescate.

¿Qué es el caso Plus Ultra?El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de Covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI.

Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa «estratégica» para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. 

El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza.

En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede.

El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal.

Venezuela en escena

Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudieron haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo de capitales conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

Fueron Francia y Suiza quienes volvieron a forzar la investigación de Plus Ultra ante la pista de blanqueo venezolano de oro, pero también de dinero procedente de la lucha contra la pobreza.

En concreto, de dinero controlado por los CLAP venezolanos, los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción, dirigido por el gobierno de Nicolás Maduro y que afirman ser una salvaguarda frente a la pobreza del país.

La red ahora investigada en España incluye desde empresarios ubicados en Canarias y de origen peruano, como Khristian Eduardo Alegre Walter, hasta otros, también peruanos pero cuya pista deambula de París hasta República Dominicana, como Enrique Martín Baca Arbulu, su hermano Luis Felipe Baca Arbulu, sociedades presuntamente usadas en el entramado como Kaimana Capital, Lagundri y Trowbridgeet, residentes en República Dominicana de origen venezolano, como Gabriela Puente Garaboa, u otros empresarios relacionados también con el chavismo, como Danilo Alfonso Diazgranados.

La investigación es amplia e incluye desde delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida o tráfico de influencias.

CLAP bajo la lupa

Pero una de las reclamaciones de Suiza y Francia ha acabado en un hecho llamativo porque afecta directamente a un programa público impulsado por Nicolás Maduro: los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de distribución de alimentos básicos importados promovidos por el gobierno de Venezuela desde el año 2016.

El programa es uno de los mecanismos de supuesta solidaridad más publicitado por Mirafllores, que le permite contar con comités que distribuyen los alimentos prioritarios casa por casa, que es denunciado por la oposición venezolana como un poderoso sistema de control y pago por lealtad.

Ahora, esa figura entra de lleno en el caso Plus Ultra y en la presunta mediación de José Luis Rodríguez Zapatero. Las fiscalías francesa y suiza fueron las que relanzaron esta investigación. Y no sólo lo hicieron por la relación con el negocio del hambre en Venezuela.

Reclamaron a la Fiscalía Anticorrupción española los registros domiciliarios en Madrid, Pozuelo, Tenerife y Mallorca por la presunta implicación de varios ciudadanos de origen venezolano o peruano en una trama de blanqueo de capitales que llegaba hasta el negocio del oro, también bajo férreo control del gobierno de Nicolás Maduro.

La Oficina de Denuncias de Blanqueo de Capitales de Suiza remitió ya en octubre de 2021 un informe al Ministerio Público de ese mismo país alertando de pagos de 2,7 millones de euros relacionados con esos focos de negocio y blanqueo.

A los pocos días, la Fiscalía suiza lanzó su investigación ya bajo la acusación de «organización criminal» para el blanqueo «a gran escala» con implicación de «personas sujetas a sanciones internacionales».

¿Y cuál habría sido la utilidad y necesidad del rescate de Plus Ultra en ese engranaje?

Pues que los 53 millones de euros pagados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez y del Ministerio de María Jesús Montero habrían servido para el pago de las nóminas de los empleados de la compañía aérea durante ese periodo y para, presuntamente, la devolución de préstamos concedidos para el mantenimiento de una estructura usada por esa red de blanqueo. 

De hecho, la Fiscalía apunta a una empresa que concedió los préstamos a Plus Ultra y vendió oro por un importe de unos 30 millones de euros a otra firma de Emiratos Árabes Unidos.

Versión Final