Departamento de Justicia amplió imputación contra Maduro: estos son los seis nuevos elementos
Menos de 48 horas después de la inédita operación militar que derivó en su captura, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante un tribunal federal de Nueva York para enfrentar cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, introducción de cocaína en Estados Unidos y delitos relacionados con armas.
La imputación, ampliada por el Departamento de Justicia, marca un giro relevante en la caracterización del llamado Cartel de los Soles, que deja de ser descrito como una organización criminal estructurada para pasar a ser definido como un “sistema clientelar”, aunque sin que ello suponga una atenuación de los señalamientos contra el exgobernante venezolano.
El documento de 25 páginas, firmado por el fiscal Jay Clayton y avalado por un gran jurado cuya identidad se mantiene en reserva, sostiene que Maduro “participó, perpetuó y protegió una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”.
En ese esquema, agrega la acusación, “las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos”, informa Transparencia Venezuela a través de una nota publicada en su web.
La ampliación de cargos se produce apenas meses después de que, en noviembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificara al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera y señalara a Maduro como su principal cabecilla.
Aunque la nueva imputación modifica el lenguaje empleado para describir esa red, mantiene intacta la tesis de que el narcotráfico habría sido utilizado como un mecanismo para el enriquecimiento personal y, al mismo tiempo, como una herramienta para sostenerse en el poder.
Según la Fiscalía, Maduro habría utilizado distintos cargos públicos para facilitar el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, brindando protección a narcotraficantes y apoyándose en estructuras diplomáticas del Estado venezolano.
El escrito sostiene que, durante su etapa como canciller, entre 2006 y 2008, proporcionó pasaportes diplomáticos a traficantes y facilitó la cobertura necesaria para el traslado y repatriación de las ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela.
La acusación afirma además que ordenó a embajadores colaborar directamente con estas operaciones, incluso permitiendo el uso de aviones privados bajo protección diplomática para transportar dinero producto de la droga sin ser inspeccionado por autoridades civiles o militares.
El expediente también describe presuntos vínculos con organizaciones armadas y criminales, entre ellas las Farc, el ELN, el Cartel de Sinaloa, Los Zetas y la megabanda venezolana Tren de Aragua. A cambio de pagos millonarios, estas estructuras habrían recibido apoyo logístico y cobertura policial para el tránsito de cocaína por territorio venezolano con destino final en Estados Unidos.
En ese contexto, la imputación menciona que en 2007 Cilia Flores, entonces diputada, habría recibido “cientos de miles de dólares” por organizar una reunión entre un traficante y el entonces jefe de la Oficina Nacional Antidrogas, Néstor Reverol Torres, quien posteriormente habría acordado sobornos mensuales y pagos por vuelo para garantizar la seguridad de los cargamentos.
A diferencia de la acusación presentada en 2020, esta nueva imputación amplía el cerco e incluye a familiares directos del exmandatario. Entre ellos figura su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, alias “Nicolasito” o “El Príncipe”, a quien se señala de haber participado en una reunión en Medellín, en 2020, con representantes de las Farc para discutir acuerdos de transporte de cocaína y armas hacia Estados Unidos durante varios años.
La Fiscalía sostiene además que la pareja Maduro-Flores no solo habría contado con el respaldo de cuerpos militares y policiales, sino también con grupos de civiles armados conocidos como colectivos, utilizados para proteger las operaciones de narcotráfico.
El documento afirma que estos grupos participaron en secuestros, golpizas y asesinatos contra personas que afectaban los intereses de la red criminal.
Entre los episodios citados como evidencia figura el caso del vuelo 385 de Air France, en el que autoridades francesas incautaron más de 1,3 toneladas de cocaína en 2013, tras despegar del aeropuerto internacional de Maiquetía.
Según la imputación, tras esa incautación Maduro habría sostenido reuniones con altos funcionarios para modificar rutas y evitar el uso de terminales ya comprometidas, mientras que las detenciones realizadas posteriormente en Venezuela habrían servido como una maniobra para desviar la atención pública.
La acusación también apunta al presunto uso de aeronaves oficiales para el transporte de drogas dentro del país. En ese sentido, el politólogo Énderson Sequera destacó en un mensaje difundido en redes sociales que “entre 2014 y 2015, un capitán de la Guardia Nacional de Venezuela en la Isla de Margarita coordinó hoteles, transporte, mujeres y alimentación para las visitas de funcionarios venezolanos, entre ellos Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias ‘Nicolasito’, alias ‘El Príncipe’, el acusado, quien visitaba la Isla de Margarita aproximadamente dos veces al mes.
Maduro Guerra llegaba en un avión Falcon 900 propiedad de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. Antes de salir de la isla, el avión de Maduro Guerra era cargado, a veces con la ayuda de sargentos armados, con grandes paquetes envueltos en cinta adhesiva que, según el capitán, eran drogas”.
Finalmente, la imputación incluye al Tren de Aragua como una de las organizaciones criminales con las que el entorno de Maduro habría mantenido relaciones, pese a que las autoridades venezolanas aseguran que la banda fue desmantelada.
Washington sostiene que el grupo se expandió por el continente con apoyo desde Caracas y cita comunicaciones en las que su líder ofrecía escoltar cargamentos de droga aprovechando el control territorial de zonas costeras.
La próxima comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante el juez Alvin Hellerstein está prevista para el 17 de marzo, en un proceso que podría convertirse en uno de los casos judiciales más relevantes contra un exjefe de Estado latinoamericano en tribunales estadounidenses
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