HRW exigen cierre de investigaciones penales para presos políticos excarcelados
Durante 2025, Venezuela continuó bajo un régimen de represión política, según el informe anual de Human Rights Watch (HRW).
El documento denuncia detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y hostigamiento a periodistas y activistas, prácticas que se intensificaron tras las elecciones de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro fue proclamado ganador y la oposición cuestionó los resultados.
HRW indica que miles de críticos del Gobierno, incluidos niños, extranjeros y líderes opositores, fueron arrestados con cargos vagos como “incitación al odio” o “terrorismo”.
Muchos denunciaron incomunicación, negación de defensa legal y violencia física o sexual. En ese contexto, al menos 24 personas murieron durante operativos de represión con participación de las fuerzas de seguridad y grupos afines al Gobierno conocidos como “colectivos”.
Tras la captura de Maduro el 3 de enero de 2026, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y se anunciaron excarcelaciones de presos políticos. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informó sobre la liberación de un “número importante” de reclusos, mientras que la presidenta encargada propuso una ley de amnistía general que incluiría casos desde 1990, exceptuando delitos graves como homicidio o narcotráfico.
Según el Gobierno, se han liberado más de 800 personas, aunque Foro Penal registra 344 excarcelaciones hasta el 1 de febrero, y familiares denuncian lentitud en el proceso.
El informe de HRW también subraya que la represión a activistas y periodistas continuó durante todo 2025. Solo en la primera mitad del año se documentaron 321 casos de intimidación, acoso y detenciones arbitrarias, incluyendo defensores de derechos humanos que fueron posteriormente excarcelados en enero de 2026.
En cuanto a la prensa, el informe señala 167 actos de censura y hostigamiento, y que seis periodistas permanecen detenidos hasta la fecha.
HRW concluye que la combinación de leyes restrictivas, represión física y control digital ha consolidado un entorno hostil para críticos del Gobierno, activistas y medios independientes en Venezuela, mientras que la propuesta de amnistía y las recientes excarcelaciones representan los primeros pasos hacia la posible reconciliación política.
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