Reuters: Venezuela busca inversión extranjera en minería pese a control de grupos armados
Venezuela intenta reactivar el interés de inversionistas internacionales en su sector minero, con el objetivo de explotar sus reservas de oro, hierro y bauxita, en un escenario de respaldo político por parte del gobierno estadounidense de Donald Trump, reseñó la agencia Reuters este lunes en un artículo.
Sin embargo, el proyecto se desarrolla sobre un terreno marcado por fuertes tensiones de seguridad, economías ilegales y disputas territoriales.
El estado Bolívar es señalado como el principal foco de estas complejidades. Habitantes, mineros y activistas describen una región donde conviven grupos armados, redes criminales locales y guerrillas extranjeras, en un entorno donde la minería ilegal ha crecido durante las últimas dos décadas.
A ello se suman denuncias de presuntos vínculos entre estructuras delictivas y sectores de la seguridad estatal.Trabajadores del sector describen un control de facto sobre los yacimientos. “Los sindicatos criminales controlan las minas. Ellos son quienes establecen las reglas y hacen cumplir la ley en muchos de los yacimientos donde trabajamos.
Dependiendo de la situación, imponen castigos y pueden ser muy violentos”, dijo Inés García, minera informal de 51 años en el municipio El Callao: “Uno se cuida, porque incluso hablar es un riesgo”.
Ley de minas
El impulso a la apertura minera coincide con el respaldo de la administración de Donald Trump a iniciativas del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, orientadas a atraer capital extranjero.
En abril, la Asamblea Nacional aprobó una nueva ley minera que permite la participación de empresas privadas y extranjeras en la explotación de recursos estratégicos.
La medida llega en momentos en que la economía venezolana sigue enfrentando una prolongada crisis, caracterizada por hiperinflación, caída de la producción petrolera, sanciones internacionales y una fuerte migración. La minería aparece como posible fuente de ingresos para el Estado, a través de impuestos, regalías y empleo.
El secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, afirmó en una visita en marzo que el nuevo marco legal abriría oportunidades para la inversión, siempre que existan garantías de seguridad. Washington ha emitido licencias específicas para operaciones vinculadas al oro venezolano, incluidas transacciones con la estatal Minerven.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha buscado transmitir confianza a los inversionistas. “Ustedes tienen garantías, certeza jurídica, seguridad política, estabilidad y tranquilidad para que sus inversiones se desarrollen plenamente, no solo en el sector de hidrocarburos, donde hay muchas oportunidades, sino también en el sector minero”, dijo Rodríguez a inversionistas en un acto en marzo.
No obstante, no se han detallado mecanismos concretos de protección para las operaciones en zonas como el estado Bolívar.
Compañías internacionales en Venezuela
En este escenario, compañías internacionales han comenzado a explorar oportunidades. La canadiense Gold Reserve recibió licencia estadounidense para negociar con el gobierno venezolano, aunque no ha confirmado si busca retomar la mina Brisas, expropiada en 2009.
La suiza Trafigura participa en un esquema de suministro con Minerven bajo una licencia del Departamento del Tesoro de EE UU. Otras empresas como Hartree, Peabody Energy, Ivanhoe y TechMet, mencionadas en visitas recientes al país, no respondieron a solicitudes de información de Reuters.
Sin embargo, en el terreno, especialmente en el Arco Minero del Orinoco, las condiciones distan del optimismo oficial. Para comunidades locales y trabajadores, la actividad minera está condicionada por la presencia de actores armados y estructuras ilegales que controlan territorios y rutas de extracción.
“Para que haya inversión real es esencial resolver la transparencia en la cadena de suministro, la seguridad —porque esta es una zona con presencia de grupos armados— y la supervisión del impacto socioambiental de las operaciones”, dijo un ingeniero que trabajó para Minerven y pidió el anonimato por temor a represalias.
Control de grupos armados
De acuerdo con fuentes locales, en el estado Bolívar operan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc y organizaciones criminales como el Tren de Guayana y el grupo 3R, además de redes lideradas por individuos conocidos como Juancho y Fabio.
Estos grupos tendrían no solo control territorial, sino también participación directa en la cadena productiva al facilitar maquinaria, combustible y armas, además de la extracción de oro. “No hay forma de que puedan hacer eso sin la complicidad y el permiso del gobierno”, afirmó Pedro Yépez, con 20 años de experiencia en la zona.
La Operación Roraima, activada en 2023 para combatir la minería ilegal en Bolívar, continúa en curso. Las autoridades han difundido imágenes de destrucción de campamentos y equipos utilizados en la actividad ilícita como parte de los operativos en la región.
Versión Final
