Justicia argentina cita a Nahuel Gallo en causa por crímenes de lesa humanidad en Venezuela
La Justicia federal de Argentina citó a declarar al gendarme Nahuel Gallo como testigo en la causa que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante la administración de Nicolás Maduro.
La audiencia fue convocada por el juez Sebastián Ramos y quedó programada para el próximo 30 de abril mediante videoconferencia, dentro de un expediente abierto bajo el principio de jurisdicción universal, que permite investigar graves violaciones de derechos humanos ocurridas fuera del territorio argentino.
Además de prestar testimonio, Gallo solicitó ser incorporado como querellante en la investigación, una condición que le permitiría participar activamente en el proceso judicial, presentar pruebas y seguir de cerca el avance del expediente.
La declaración del gendarme es considerada de especial relevancia por la querella, ya que podría aportar información directa sobre el funcionamiento del sistema penitenciario venezolano y sobre presuntos casos de tortura, desapariciones forzadas y otras violaciones denunciadas por organismos internacionales.
Gallo permaneció detenido durante 448 días en Venezuela luego de ser arrestado en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar al país para reencontrarse con su familia.
Tras su captura, fue trasladado a distintos centros de reclusión sin un proceso judicial público y sin acceso regular a asistencia consular.
Las autoridades venezolanas lo acusaron en su momento de espionaje y de formar parte de supuestos planes contra altos funcionarios del gobierno, mientras que desde Argentina su detención fue denunciada como arbitraria y de carácter político.
Luego de recuperar la libertad en marzo de este año, el gendarme regresó a Argentina e inició un proceso de recuperación física y emocional.
En sus primeras declaraciones públicas describió su experiencia en prisión como un período marcado por una intensa presión psicológica.
La causa en la que ahora declarará fue impulsada por organizaciones defensoras de la democracia que buscan documentar posibles delitos de lesa humanidad atribuidos a funcionarios venezolanos y ampliar la investigación sobre denuncias de represión sistemática en ese país.
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