Transparencia Venezuela denuncia irregularidades y opacidad en el nuevo acuerdo petrolero con Estados Unidos
La organización no gubernamental Transparencia Venezuela ha emitido una severa advertencia respecto al reciente acuerdo petrolero gestionado entre la Casa Blanca y el Ejecutivo venezolano en Miraflores. Según un informe detallado difundido este 7 de septiembre, el pacto —que involucra la explotación de 17 campos petroleros equivalentes a más del 20% de las reservas probadas del país— carece de debate público, presenta graves inconsistencias legales y se ha negociado bajo un manto de opacidad que pone en riesgo el patrimonio nacional.
Inconsistencias jurídicas y falta de debate público
Uno de los puntos más críticos señalados por la organización es la contradicción normativa que rodea la duración de las concesiones. Mientras que Washington ha anunciado términos de explotación de hasta 100 años, la legislación venezolana vigente, específicamente la Ley de Hidrocarburos, limita las asignaciones a un máximo de 25 años, prorrogables por 15 adicionales. Esta discrepancia sugiere que el convenio podría ser jurídicamente inválido en su formato actual. Asimismo, la ONG subraya que el acuerdo no ha sido sometido a la aprobación obligatoria de la Asamblea Nacional, contraviniendo de forma directa los artículos 150, 187.9 y 187.18 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La falta de transparencia se extiende a la naturaleza de los contratos. Hasta la fecha, no se ha hecho pública la documentación que detalle si la explotación se realizará mediante empresas mixtas, contratos de participación productiva u otras modalidades. Esta ausencia de información impide que la ciudadanía y los expertos evalúen el impacto real, los riesgos y los beneficios de un pacto que, según Transparencia Venezuela, se ha negociado «de espaldas al país», sin un consentimiento informado ni una consulta pública que garantice la legitimidad del proceso.
Dudas sobre la gestión fiscal y actores involucrados
En el ámbito económico, la incertidumbre es profunda. Aunque la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha afirmado que el Estado venezolano recibirá ingresos por un monto aproximado de 209.000 millones de dólares, la organización advierte que no existen fórmulas de cálculo, detalles sobre regalías, impuestos o proyecciones de precios del crudo que respalden tales cifras. La opacidad también alcanza a la selección de los operadores; si bien se ha mencionado la participación de gigantes como Chevron y Eni, la figura de North American Blue Energy Partners (NABEP) ha encendido las alarmas.
Transparencia Venezuela ha puesto especial énfasis en la trayectoria de Alejandro Betancourt, socio mayoritario de NABEP. El investigador señala que Betancourt ha sido vinculado a diversas investigaciones penales internacionales en jurisdicciones como España, Suiza y Estados Unidos por presuntos casos de corrupción. En este sentido, la ONG exige claridad sobre las condiciones bajo las cuales NABEP ha logrado posicionarse en el sector petrolero y cuáles son sus vínculos directos con la administración de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.
Riesgos para la inversión y el entorno institucional
Más allá de la controversia política, la seguridad jurídica en Venezuela sigue siendo un factor de alto riesgo para el capital internacional. La organización recordó que el país mantiene una cesación de pagos de su deuda pública desde 2017, lo que ha dejado casos emblemáticos como el de ConocoPhillips —con una acreencia de 12.000 millones de dólares— en un limbo legal tras ganar arbitrajes internacionales sin poder cobrar. Esta precariedad institucional desincentiva la inversión seria y expone los nuevos acuerdos a constantes litigios.
Finalmente, la ONG instó al Gobierno a cumplir con el artículo 129 de la Constitución, que exige estudios de impacto ambiental y sociocultural antes de cualquier expansión operativa. Para garantizar un desarrollo sostenible, Transparencia Venezuela recomienda establecer una nueva gobernanza petrolera que otorgue autonomía técnica a PDVSA, separe las funciones de gestión de las de supervisión y permita una rendición de cuentas transparente que proteja los intereses de todos los venezolanos.
