Exige la derogación de la Ley contra el Odio y el cierre definitivo de causas contra periodistas en Venezuela
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela ha solicitado formalmente la derogación inmediata de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
La organización gremial denunció que este instrumento legal, aprobado en 2017, ha dejado de ser una herramienta de protección social para convertirse en un mecanismo sistemático de persecución judicial y restricción severa a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo independiente en el país sudamericano.
Un marco legal punitivo contra la libertad de prensa
La normativa en cuestión contempla severas sanciones penales que alcanzan hasta los 20 años de prisión. Según el SNTP, estas medidas punitivas han sido aplicadas de manera recurrente y discrecional contra profesionales de la comunicación, reporteros e informadores que difunden denuncias ciudadanas o mantienen posturas críticas frente a la gestión pública. El sindicato enfatizó que no basta con suspender la aplicación práctica de la ley, sino que es indispensable su anulación definitiva del ordenamiento jurídico para garantizar la seguridad jurídica del gremio.
Siete de cada diez periodistas procesados bajo la misma acusación
Los datos consolidados por el SNTP revelan la magnitud del uso de esta legislación como herramienta de coacción. Para enero de 2026, se contabilizaban en Venezuela un total de 40 trabajadores de la prensa privados de libertad o sujetos a expedientes judiciales activos. De esta cifra, 28 comunicadores afrontaban imputaciones basadas directamente en la Ley contra el Odio. Esto significa que el 70% de los profesionales de la información procesados en el país enfrentan cargos vinculados a los tipos penales de incitación o promoción al odio, evidenciando un patrón claro de judicialización de la labor informativa.
La mesa de negociación en Caracas como escenario clave
El pronunciamiento del gremio periodístico coincide estratégicamente con la víspera de la instalación del segundo ciclo de negociaciones entre las delegaciones del oficialismo y la oposición en Caracas. En este escenario de diálogo político, el SNTP recordó que a principios de agosto sostuvo encuentros de alto nivel con la jefa de la representación opositora, Dinorah Figuera, y otros delegados parlamentarios. El objetivo de estas reuniones fue asegurar que la revisión de este marco normativo y la restitución de las garantías civiles sean incluidas con carácter prioritario en la agenda de discusión sobre derechos políticos y libertad de prensa.
Exigencia de cierre de causas y respaldo internacional
La representación sindical ha sido categórica al exigir que todas las causas, medidas cautelares y restricciones derivadas de la aplicación de esta ley sean revisadas y cerradas de inmediato. Diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos han respaldado el diagnóstico del SNTP, coincidiendo en que la vigencia de esta norma constituye una de las barreras institucionales más críticas para el libre flujo de información y el ejercicio del periodismo en Venezuela. El desenlace de las mesas de negociación en Caracas determinará si existen condiciones reales para avanzar hacia un entorno más seguro y democrático para la prensa.
