Guanipa exige decisión inmediata en el caso Caguaripano tras vencerse el plazo de la Corte de Apelaciones
El dirigente político opositor Juan Pablo Guanipa exigió este fin de semana un pronunciamiento inmediato por parte de la Corte de Apelaciones del estado Carabobo sobre el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano Scott y otros 22 procesados por el asalto al Fuerte Paramacay. La demanda surge tras haberse vencido el plazo legal de diez días hábiles que el tribunal se reservó para emitir una resolución definitiva sobre los recursos de apelación presentados por la defensa técnica de los acusados.
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Vencimiento de los lapsos procesales y limbo jurídico
El pasado 26 de agosto de 2026, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo celebró una audiencia oral y pública que se extendió por más de seis horas. Al finalizar la sesión, los magistrados se acogieron a un lapso de diez días de despacho para decidir si ratificaban, modificaban o anulaban la condena de 30 años de prisión impuesta en diciembre de 2025. Sin embargo, transcurrido el tiempo legal establecido, el tribunal no ha publicado su dictamen, lo que mantiene el proceso en una parálisis judicial.
«Ya venció ese plazo y no hay decisión. Solo una espera cruel para 23 venezolanos que llevan nueve años injustamente detenidos», denunció Guanipa a través de sus canales oficiales. El dirigente de Primero Justicia enfatizó que la dilación injustificada agrava la situación de vulnerabilidad de los procesados, quienes permanecen recluidos bajo condiciones severamente cuestionadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Antecedentes del asalto al Fuerte Paramacay
El origen de la causa penal se remonta a agosto de 2017, cuando un grupo de militares y civiles liderados por el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Carlos Caguaripano Scott, ejecutó la denominada «Operación David», un asalto armado contra la 41ª Brigada Blindada del Fuerte Paramacay, ubicada en Valencia, estado Carabobo. Tras su captura pocos días después del suceso, los implicados fueron sometidos a un prolongado proceso judicial que culminó a finales de 2025 con la aplicación de la pena máxima de 30 años de prisión por delitos de rebelión y traición a la patria.
Durante los casi nueve años que acumulan tras las rejas, los familiares de Caguaripano han denunciado de manera reiterada que el oficial ha sido víctima de torturas sistemáticas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Actualmente, el capitán se encuentra recluido en el internado judicial El Rodeo I, bajo un régimen de aislamiento estricto en celdas de dimensiones reducidas y con severas restricciones para la comunicación con sus abogados y allegados.
Exclusión de medidas humanitarias y amnistías
En su pronunciamiento, Juan Pablo Guanipa cuestionó con dureza que el capitán Caguaripano y sus compañeros de causa hayan quedado excluidos de los recientes mecanismos de amnistía y medidas de gracia que debían beneficiar a los presos políticos en el país. El dirigente opositor calificó la medida de exclusión como un castigo político prolongado y selectivo que contradice los principios de reconciliación y justicia.
«¿Hasta cuándo van a prolongar este castigo? Exigimos la libertad inmediata del patriota capitán Caguaripano y de todos los presos políticos de Venezuela, civiles y militares», sentenció Guanipa. La defensa de los 23 procesados insiste en que la Corte de Apelaciones debe actuar conforme a derecho y anular un procedimiento judicial que, a su juicio, ha estado plagado de vicios procesales y violaciones sistemáticas al debido proceso desde su inicio en 2017.
