Migrante venezolano baleado por el ICE es reingresado de urgencia tras perder movilidad
El caso de Wilber Rafael Garcés Pérez, un migrante venezolano de 28 años que fue herido de bala por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ha tomado un giro crítico tras confirmarse su reingreso de urgencia a un centro hospitalario.
El joven, quien se encontraba bajo custodia federal en el centro de detención de Pearsall, en el sur de Texas, comenzó a experimentar una alarmante pérdida de sensibilidad y movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo, lo que obligó a las autoridades migratorias a trasladarlo nuevamente para recibir atención médica especializada.
Detalles del incidente y el polémico alta médica
Los hechos se desencadenaron en el norte de Austin, Texas, cuando Garcés Pérez, quien reside en el país desde 2024 con un permiso de trabajo activo tras ingresar mediante la aplicación CBP One, fue interceptado por agentes del ICE mientras realizaba entregas para la plataforma DoorDash. Según el testimonio ofrecido por el propio afectado, los oficiales impactaron su vehículo y, al intentar maniobrar para estacionarse de forma segura, un agente le disparó por la espalda. Tras el tiroteo, fue llevado al Centro Médico Dell Seton de la Universidad de Texas, de donde fue dado de alta apenas cuatro horas después con el proyectil aún alojado cerca de su columna vertebral.
Denuncias de malos tratos y aislamiento bajo custodia
La abogada defensora, Kate Lincoln-Goldfinch, ha denunciado públicamente las severas irregularidades en el trato recibido por su representado. Tras ser devuelto a la custodia del ICE en el centro de detención de Pearsall, Garcés Pérez fue presuntamente agredido por los guardias de la instalación, quienes además le confiscaron la tableta electrónica utilizada para comunicarse con su defensa y lo confinaron en una celda de aislamiento. La abogada detalló que, durante el posterior traslado de emergencia al hospital debido a la parálisis parcial, el joven fue tratado con extrema brusquedad, permaneciendo encadenado de pies, manos y cintura a pesar de su delicado estado de salud.
Intervención judicial y repercusiones legales
Ante la gravedad de la situación, el juez federal Orlando García emitió una resolución de emergencia que paraliza de forma inmediata cualquier intento de deportación de Garcés Pérez. La defensa argumenta que el migrante tenía una orden de expulsión dictada en ausencia debido a que las notificaciones judiciales previas fueron enviadas a una dirección antigua, un problema administrativo que afecta a miles de solicitantes de asilo en el país. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), mantiene abierta una investigación exhaustiva para esclarecer el uso de la fuerza por parte de los agentes involucrados en el operativo.
