Damnificados de La Guaira sobreviven entre carpas y promesas a tres meses de los terremotos
A tres meses del devastador doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, la emergencia humanitaria en el estado La Guaira ha entrado en una fase crítica de estancamiento.
Más de 12.000 familias damnificadas continúan sobreviviendo en campamentos provisionales de carpas, enfrentando una severa escasez de agua potable y una marcada lentitud en los planes estatales de reubicación habitacional.
La franja costera, declarada zona de desastre, exhibe el contraste entre las promesas gubernamentales de reconstrucción y la precaria realidad cotidiana de miles de ciudadanos que lo perdieron todo.
El balance de la tragedia y el déficit habitacional
El último informe oficial consolidado elevó a 6.509 el total de fallecidos por el sismo doblete, consolidándose como una de las peores catástrofes naturales en la historia moderna del país. Las autoridades sanitarias reportaron 226.696 personas atendidas en la red hospitalaria, mientras que las evaluaciones técnicas de infraestructura residencial alcanzaron los 60.785 inmuebles inspeccionados. De esta cifra, 11.001 viviendas fueron clasificadas formalmente en situación de alto riesgo o inhabitables. Para mitigar el peligro, el Ejecutivo nacional inició la demolición controlada de 39 edificios multifamiliares con graves daños estructurales en el litoral central.
Sin embargo, la velocidad de la respuesta habitacional sigue estando muy por debajo de la demanda real. Hasta la fecha, el Gobierno ha entregado únicamente 335 viviendas nuevas y reparado otras 1.001, beneficiando a un total de 3.503 personas. Esta cifra resulta insuficiente frente a la magnitud del desplazamiento interno, lo que obliga a miles de familias a permanecer en la red de 28 refugios activos distribuidos en la región, gestionados bajo un esquema de cogestión entre las autoridades locales y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La vida en el Campo de Golf: entre censos y depuraciones
El antiguo Campo de Golf de la parroquia Caraballeda, que en décadas pasadas representó un símbolo de la actividad turística de la región, se ha transformado en el epicentro de la resistencia comunitaria. Allí, familias como la de William León, damnificadas tras el colapso de los edificios del complejo residencial Oppe, intentan reorganizar sus vidas. León, quien pasó 19 días continuos colaborando en las labores de rescate de vecinos tras el sismo, acompaña hoy a su cuñada y sobrina en el campamento, tras haber perdido a su hermano en la tragedia. «Nosotros perdimos todo. Al principio nadie nos apoyó y tuvimos que organizarnos solos», relata.
La cotidianidad en el Campo de Golf se rige por la incertidumbre y la autogestión. Aunque el campamento cuenta con baños y una cocina comunitaria, el desabastecimiento de alimentos obliga a los refugiados a resolver por cuenta propia. Recientemente, la Gobernación de La Guaira, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, inició un riguroso censo y proceso de depuración en las carpas para verificar que los registrados sean efectivamente damnificados directos del sismo, desalojando a personas ajenas a la emergencia. Para León, este control es necesario, siempre que se realice bajo un marco legal y transparente que garantice que las soluciones habitacionales y los créditos del programa ‘Venezuela Renace’ lleguen a quienes realmente lo necesitan.
Crisis de servicios y el desafío de la reubicación
La situación es igualmente compleja en otros puntos de refugio como Mare Abajo (parroquia Urimare) y el Polideportivo José María Vargas. En Mare Abajo, la escasez crónica de agua potable y las recientes lluvias estacionales han complicado la permanencia de los damnificados, inundando sectores de carpas y colapsando los sistemas de drenaje provisionales. Casos como el de Mariadny Aguilar, quien vive en el campamento con tres hijos —uno de ellos con una condición médica especial—, ilustran el drama de quienes dependen de la asistencia humanitaria móvil y de los servicios de salud mental provistos por agencias internacionales para sobrellevar el trauma postraumático.
A tres meses del desastre, el desafío para el Estado venezolano y los organismos multilaterales trasciende la primera respuesta de emergencia. Con pérdidas materiales estimadas en miles de millones de dólares y una población que exige soluciones definitivas, la transición de las carpas a una vivienda digna se perfila como un proceso complejo y de largo aliento que pondrá a prueba la capacidad de gestión y los recursos de la nación en los meses por venir.
