Venezuela ratifica que no reconocerá el fallo de la CIJ sobre el Esequibo
El diferendo territorial entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo ha alcanzado un nuevo punto de fricción diplomática en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Gobierno venezolano, a través de su ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, reiteró formalmente que el país no acatará ninguna decisión que emane de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto a esta histórica disputa fronteriza.
La declaración surge como respuesta directa al exhorto realizado por el presidente de Guyana, Irfaan Ali, quien instó a Caracas a someterse al próximo dictamen del tribunal internacional.
El choque de posturas en la Asamblea General de la ONU
Durante el debate general del 81.° período ordinario de sesiones de la ONU en Nueva York, el presidente guyanés, Irfaan Ali, defendió la vía judicial como el único camino legítimo para resolver la controversia. Ali exhortó a Venezuela a respetar la futura sentencia de la CIJ con miras a inaugurar una nueva era de relaciones de vecindad y estabilidad regional. No obstante, la postura de Georgetown colisionó de inmediato con la estrategia de Caracas. Previamente, la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, había defendido ante la misma plenaria los derechos históricos de su nación sobre el territorio en reclamación, enfatizando que las soluciones duraderas provienen de negociaciones bilaterales directas y no de la imposición de organismos externos.
La defensa del Acuerdo de Ginebra de 1966
El canciller Félix Plasencia ratificó la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la CIJ para dirimir la controversia sobre la Guayana Esequiba, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados con inmensas reservas de petróleo, gas y minerales. Plasencia advirtió que cualquier fallo unilateral de la Corte constituiría una franca violación del Acuerdo de Ginebra de 1966, el cual Caracas considera el único marco jurídico y político válido para alcanzar un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio. «Solo la negociación bilateral será el espacio legítimo y legal para resolver esta controversia histórica», sentenció el jefe de la diplomacia venezolana.
Un conflicto centenario con implicaciones energéticas
La disputa por los límites fronterizos se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899, un dictamen que otorgó la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica. En 1962, Venezuela declaró nulo dicho laudo tras denunciar graves irregularidades y componendas políticas en su contra, lo que condujo a la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966. Mientras que Guyana insiste en que la CIJ —instancia que en 2020 se declaró competente para conocer la demanda de Georgetown— es la vía definitiva, Venezuela sostiene que el tribunal carece de jurisdicción sin el consentimiento expreso de ambas partes. El conflicto adquiere hoy una dimensión crítica debido a las masivas concesiones petroleras otorgadas por Guyana en aguas territoriales aún en disputa, lo que añade una enorme presión económica y geopolítica a la región.
