La Plataforma Unitaria Democrática exige la derogación inmediata de la Ley contra el Odio y rechaza su reforma
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha manifestado su rechazo categórico a la propuesta de reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, formulada recientemente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
A través de un pronunciamiento oficial, la principal coalición opositora de Venezuela, respaldada por la líder María Corina Machado, exigió la anulación total e inmediata de este instrumento jurídico, argumentando que no es posible reformar un mecanismo diseñado estructuralmente para la persecución política.
El origen de la controversia y la admisión del oficialismo
La reacción de la alianza opositora se produce después de que la mandataria interina admitiera públicamente que, si bien defiende los principios teóricos que inspiraron la norma en su promulgación en 2017, se ha registrado un «uso abusivo» y una aplicación indebida de la legislación en perjuicio de la ciudadanía. Tras estas declaraciones, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la creación de una comisión parlamentaria especial integrada por 11 diputados —entre los que destaca Nicolás Maduro Guerra— con el objetivo de redactar un proyecto de modificación para la ley, la cual contempla severas penas de entre 10 y 20 años de prisión por supuestos delitos de incitación al odio.
Un instrumento de persecución documentado por la sociedad civil
Para la Plataforma Unitaria, la propuesta de enmienda legislativa carece de legitimidad y representa un despropósito político. «Pretender reformar una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes es un despropósito. La libertad de expresión y de pensamiento no pueden estar sometidas al temor de sanciones arbitrarias. No se reforma la represión: se desmonta», sentenció la coalición en su comunicado oficial. Esta postura coincide con los datos de organizaciones de derechos humanos como Foro Penal, cuyos registros indican que desde la aprobación de la normativa en 2017 al menos 927 personas han sido imputadas bajo estos cargos, de las cuales 6 continúan privadas de libertad y 638 se encuentran sujetas a medidas cautelares restrictivas.
Tensiones políticas y el escenario de negociación
El debate sobre el futuro de la Ley contra el Odio surge en un momento de alta sensibilidad diplomática, coincidiendo con el cierre del segundo ciclo de negociación política respaldado por la administración de Estados Unidos, así como con la reciente visita al país de la organización internacional Human Rights Watch. Analistas locales señalan que este escenario evidencia una tensión interna dentro de las filas gubernamentales entre los sectores que evalúan gestos de apertura y democratización frente a aquellos que abogan por la continuidad de los esquemas de control social y judicial.
Exigencias de la oposición y próximos pasos
La demanda de la PUD se suma a la de otras figuras de la oposición, como Delsa Solórzano, quien ha exigido formalmente la derogación de un conjunto de cuatro leyes utilizadas sistemáticamente para la represión en el país. Mientras el Parlamento avanza en la conformación de la comisión redactora de la reforma, los sectores democráticos y los gremios de periodistas y activistas sociales insisten en que cualquier salida real a la crisis institucional pasa por el desmontaje definitivo de las herramientas legales que limitan la libertad de prensa y el ejercicio de los derechos civiles en Venezuela.
