Condenan a 10 años de prisión al excongresista David Rivera por cabildeo secreto para el gobierno de Maduro
La jueza federal del Distrito Sur de Florida, Melissa Damian, condenó este viernes a diez años de prisión al excongresista republicano David Rivera [1.7]. El exlegislador de 61 años fue hallado culpable de conspiración, lavado de dinero y de efectuar gestiones de cabildeo encubiertas a favor del Ejecutivo venezolano presidido por Nicolás Maduro [1.7], en lo que representa uno de los casos de diplomacia paralela y corrupción política de mayor impacto institucional en la historia reciente de las relaciones entre Washington y Caracas [1.7].
Un contrato millonario bajo la lupa federal
El veredicto condena la actuación de Rivera, quien cobró millonarias sumas a través de un contrato de consultoría de 50 millones de dólares gestionado por su firma privada con PDV USA, una filial estadounidense de la petrolera estatal Pdvsa, entre 2017 y 2018 [1.4, 1.7]. El objetivo de estas transacciones era influir secretamente en la política exterior de Washington hacia Caracas durante el primer mandato de Donald Trump, buscando frenar las sanciones económicas y suavizar la postura de la Casa Blanca [1.4, 1.7].
Durante la audiencia dictaminada en Miami, la fiscalía acusó al exrepresentante por el distrito 25 de Florida de traicionar a sus electores —muchos de ellos exiliados del régimen venezolano e hispanos del sur del estado— al omitir deliberadamente su registro como agente extranjero ante el Departamento de Justicia, violando la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) [1.4, 1.7]. «Los actos cometidos representan una cuestión de avaricia y de traición a la comunidad que una vez representó. Actuó a espaldas del país por comisiones millonarias», sentenció la jueza federal Melissa Damian al emitir la condena [1.7].
El testimonio de Marco Rubio y el rechazo a la defensa
El proceso judicial, que se extendió por varias semanas, contó con la declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, con quien Rivera compartió escaño en la Cámara de Representantes de Florida al inicio de su carrera política y con quien mantenía una estrecha relación personal [1.4, 1.7]. La fiscalía demostró que Rivera utilizó sus contactos políticos de alto nivel para abrir canales de comunicación en favor de los intereses de Caracas [1.4, 1.6].
La defensa del excongresista alegó sin éxito que los acercamientos pretendían facilitar una transición política en Venezuela y atraer a corporaciones estadounidenses [1.4, 1.7]. Sin embargo, el jurado desestimó tales argumentos tras revisar la compleja red de transferencias financieras que involucró a la consultora política Esther Nuhfer, quien también fue condenada en el marco de esta investigación federal [1.4, 1.7].
Repercusiones políticas y judiciales en Miami
La sentencia de Rivera marca un hito en la persecución del cabildeo extranjero no registrado en Estados Unidos, especialmente en el sur de Florida, una región con una alta concentración de diáspora hispana afectada por regímenes autoritarios [1.4, 1.10]. La severidad de la pena, fijada en una década de reclusión, envía un mensaje contundente sobre las consecuencias legales de operar de manera encubierta para gobiernos extranjeros hostiles [1.11].
Con la resolución de este caso, el Departamento de Justicia de EE UU cierra uno de los capítulos más controvertidos de interferencia y diplomacia paralela, subrayando la vigencia y el estricto cumplimiento de las normativas de transparencia y seguridad nacional en el ámbito del cabildeo internacional [1.7, 1.11].
