«Avalancha de propuestas: Sector privado envía 80 modificaciones para la nueva Ley de Hidrocarburos.»
La reforma propuesta a la Ley de Hidrocarburos en Venezuela ha generado un intenso debate legislativo y técnico, luego de que una comisión de la Asamblea Nacional (AN) recibiera más de 80 sugerencias de modificación de parte de políticos, abogados y asociaciones vinculadas al sector energético. Las numerosas propuestas representan un desafío para los diputados, que buscan aprobar la nueva normativa la próxima semana tras su aprobación en primera discusión.
La iniciativa fue presentada a comienzos de enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en el contexto de un acuerdo de suministro petrolero por 50 millones de barriles con Estados Unidos y en medio del impulso por aumentar la producción nacional y atraer inversión extranjera tras décadas de políticas de nacionalización.
Si bien la reforma ha sido vista como necesaria por Pdvsa, sus socios y potenciales inversionistas, diversos actores han expresado preocupaciones sobre el lenguaje poco claro, contradicciones legales y regulación insuficiente en el texto actual. Expertos señalan que para que las modificaciones surtan efecto real se requieren cambios adicionales en otras leyes vinculadas al sector, de modo que se garantice autonomía operativa a productores privados y una estructura impositiva competitiva.
El proyecto fue aprobado en primera discusión por la AN y se abrió un período de consultas públicas para incorporar recomendaciones antes de la votación definitiva. La comisión encargada elaborará un informe consolidado con las propuestas recibidas, que servirá de base para la discusión final prevista para la semana entrante.
Algunos exfuncionarios y legisladores de oposición han criticado el corto plazo para evaluar la reforma, argumentando que los cambios son profundos y complejos y requieren un análisis más detallado. Incluso, hay quienes han señalado posibles inconsistencias con la Constitución. También parte del propio partido socialista ha planteado objeciones, según fuentes.
El modelo de Contrato de Participación Productiva (CPP), incluido en la propuesta y defendido por Rodríguez como clave para atraer inversiones, estimadas en alrededor de 1.400 millones de dólares este año, ha sido uno de los elementos más debatidos, aunque expertos insisten en que se necesitan reformas más amplias para asegurar los compromisos de inversión que Washington ha mencionado tras el cambio de gobierno.
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