Chile vota este domingo por una nueva Constitución

Mañana domingo, cuando se cumplen 52 años del triunfo del primer gobierno progresista en Chile, cuando fue electo en 1970 el presidente Salvador Allende, quien luego fue derrocado y asesinado el 11 de septiembre de 1973, más de 15 millones de chilenas y chilenos están obligatoriamente convocados a votar en el plebiscito para aprobar o rechazar el texto de una nueva carta fundamental de esa nación, el cual fue redactado por la llamada Convención Constitucional (asamblea nacional constituyente) que surgió de las multitudinarias y trágicas protestas antigubernamentales que sacudieron a ese país austral en 2019.

De ganar el “apruebo”, la nueva Constitución; de unos 400 artículos, derogará la de la dictadura de Augusto Pinochet en 1980. Vale destacar que fue Pinochet quien encabezó el golpe de Estado que bombardeó La Moneda asesinando a Allende ese 11 de septiembre de 1973, del cual el próximo domingo se cumplirán 49 años.

A diferencia del texto de 1980, el actual está en manos del electorado hace dos meses y fue elaborado por los diputados electos por los chilenos.

Nuevo texto

De las principales reformas, mismas que trastocarían el modelo neoliberal que impuso Pinochet, destaca que ya no sería el sector privado quien aneje la Educación, la Salud y el ahorro de pensionados y jubilados chilenos.

Perderían su poder las administradoras de fondos de pensiones que manejan los aportes y, según denunciaron durante el estallido social de 2019, reinvierten en el mismo sector privado con el pretexto de fortalecer la Educación y la Salud, configurando un círculo vicioso que vulnera el derecho de los chilenos a la calidad de vida.

El nuevo texto desplazaría al actual Estado subsidiario, es decir, que el Estado chileno operaría los recursos para que la población ejerza sus derechos a resguardo de los poderes públicos de ese país.

También presenta un Estado plurinacional, siendo que en Chile no se reconoce a los pueblos ancestrales y naciones indígenas; germen fundamental de la añeja violencia contra el pueblo mapuche.

El texto también avanza en lo ambiental; siendo que en Chile el recurso fundamental del agua es totalmente privatizado y son particulares quienes manejan ríos, lagos, afluentes subterráneos o acueductos y a pesar de de su vital importancia las acciones de esas empresas se transan en la bolsa. No son pocas las denuncias de la impunidad con la que empresas agrícolas desvían corrientes de río en pro de sus cultivos contra medianos y pequeños productores del campo que sustentan las economías locales. Otro tema es, por ejemplo, el trabajo de quienes cuidan de ancianos y pacientes con enfermedades crónicas, cuya labor no es reconocida actualmente.

Reto logístico

El plebiscito de mañana es el primer proceso electoral obligatorio en décadas y, para quienes no voten, prevé multas que pueden alcanzar 3 unidades tributarias o 180.000 pesos chilenos; unos 500 dólares. En el país se habilitaron 15.076.690 personas.

En procesos previos, escaramuzas usadas por quienes buscan el fracaso de las consultas es, como ocurrió en los comicios para elegir a la Convención Constitucional, que el transporte público; 100% en manos de privados, no preste adecuado servicio, lo que complicaría el proceso porque 70% del padrón fue reasignado a otros centros electorales y el Gobierno de Gabriel Borich prometió planes para garantizar movilidad a los votantes.

La calle contradijo a encuestas

El estallido social de 2019 que impulsó el proceso constituyente con la elección de la Convención Constitucional y mañana la votación para aprobar o no el texto elaborado por ese ente, inició lo que parece un importante capítulo de 32 años de transición de la dictadura; formalmente finalizada por otro plebiscito en 1990 que sacó del poder a Pinochet a la democracia.

En ese contexto la batalla más encarnizada fue de encuestas que dan por ganador al “rechazo”, sin embargo el cierre de campaña del jueves mostró otro panorama con medio millón de personas apoyando el “apruebo” en en la avenida de la Alameda de la capital, contra un “acto simbólico” en el Anfiteatro Pablo Neruda con sólo unas 500 personas.

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