Congreso de Perú destituye al presidente Martín Vizcarra
El político afronta varias investigaciones por la presunta recepción de sobornos cuando era gobernador regional
El Parlamento de Perú ha destituido este lunes al presidente, Martín Vizcarra. Era el segundo intento del Parlamento tras pasar casi dos meses de una primera moción para retirarlo por “incapacidad moral permanente”.
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La mayoría de congresistas votaron a favor de la “vacancia presidencial” para luchar contra la corrupción, debido a que el mandatario es investigado por la Fiscalía por la supuesta recepción de sobornos, en 2013 y 2014, de empresas contratistas del Gobierno Regional de Moquegua cuando él se desempeñaba como gobernador de esa región. El mandatario ha negado las imputaciones.
De acuerdo con la Constitución, se requerían 87 votos para destituir al jefe de Estado -dos tercios de la representación- y la iniciativa superó con creces ese umbral al alcanzar las 105 adhesiones, 19 votos en contra y cuatro abstenciones.
También varios miembros y líderes de los grupos políticos que promovieron desde septiembre la remoción de Vizcarra están investigados por lavado de activos, corrupción y otros delitos, pero este lunes se han sumado otros partidos que no enfrentan tales acusaciones, como el Frente Popular Agrícola del Perú y algunos parlamentarios del izquierdista Frente Amplio.
El martes asumirá como presidente de transición el jefe del Parlamento, Manuel Merino, de Acción Popular, un político que tuvo un rol crucial en la primera moción para destituirlo en septiembre, pues permitió a un congresista -sobre quien pesan acusaciones constitucionales- difundiera en un pleno del Congreso audios de conversaciones del presidente y su entorno sobre la contratación irregular de un amigo de Vizcarra como consultor del Ministerio de Cultura.
La propuesta de destitución del presidente fue presentada el 20 de octubre por 27 congresistas después de que la prensa publicara testimonios de colaboradores de la Fiscalía sobre el supuesto pago de sobornos a Vizcarra por parte de la constructora Obrainsa y su socia italiana Astaldi, a cambio de la adjudicación de una obra de irrigación llamada Lomas de Ilo.
Según pruebas entregadas por la acusación, el monto ascendía a unos 281.000 dólares.
Dos fiscales investigan al político
El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial de Fiscales Lava Jato, está a cargo de ambas pesquisas que forman parte del caso llamado el Club de la Construcción, en el que las compañías -a manera de cartel- se repartían las licitaciones de obras públicas entre 2002 y 2016. Unas 15 constructoras están bajo investigación.
Hace 20 días, el fiscal Juárez solicitó al secretario general de la presidencia que le indique la vía para recabar el testimonio del presidente este martes 3 de noviembre, sin embargo -consultado por la prensa- Vizcarra dijo que no había recibido la notificación.
El funcionario reiteró el pedido y, el viernes pasado, el presidente respondió que enviaría una carta a la Fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, debido a “dudas y contradicciones” en la investigación fiscal. El mandatario ha negado las acusaciones en tres entrevistas en televisión.
“Son totalmente falsas”, reiteró el viernes. Este lunes el presidente ha pedido por escrito a Ávalos definir qué fiscal es competente para investigarlo, debido a que ella dispuso el 16 de octubre que un fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios asuma la investigación de los supuestos pagos ilegales por las obras públicas en Moquegua.
Por lo tanto, dos magistrados distintos investigan el mismo asunto. “Esta situación podría poner en riesgo el adecuado ejercicio de los derechos y garantías que me confiere la Carta Magna”, apunta Vizcarra en su carta a la fiscal general.
Agencia
