Corte Suprema británica decidirá litigio sobre reservas de oro venezolano

La Corte Suprema británica dirimirá la semana próxima el litigio por las reservas de oro de Venezuela retenidas por el Banco de Inglaterra, confirmaron hoy los abogados que representan al gobierno constitucional del país suramericano.

El caso llegó a los tribunales británicos el año pasado, después que el Banco de Inglaterra se negó a entregarle el oro al Banco Central de Venezuela (BCV), con el argumento de que existía un pedido similar de la junta bancaria designada por el autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó.

En una primera instancia, la corte comercial londinense determinó que Guaidó tenía autoridad para disponer de las 30 toneladas del preciado metal valoradas en más de dos mil millones de dólares, porque el entonces canciller británico Jeremy Hunt lo reconoció como mandatario interino en febrero de 2019.

El Tribunal de Apelaciones revocó, sin embargo, ese veredicto, por considerar que el reconocimiento de Guaidó como presidente ‘de jure’ (de derecho) no excluía que el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, fuera reconocido por el Reino Unido como el presidente ‘de facto’ (de hecho).

Los representantes legales del canciller británico, Dominic Raab, deberán aclarar ahora ante la Corte Suprema a quién reconoce en verdad el gobierno como jefe de Estado y Gobierno de la nación suramericana, toda vez que Londres mantiene relaciones diplomáticas normales con Caracas.

A los observadores internacionales de este caso podría sorprenderles la posibilidad de que una declaración unilateral de reconocimiento político por parte de las autoridades del Reino Unido pueda despojar a un país soberano de sus activos depositados en Londres, señaló Leigh Crestolh, del bufete londinense Zaiwalla & Co. que representa al Banco Central de Venezuela.

Los abogados apuntaron además que mientras el caso de dirime en las cortes británicas, otros bancos europeos accedieron a la solicitud del gobierno venezolano y procesaron los pagos destinados a comprar suministros médicos para combatir la Covid-19, incluido las vacunas.

Las sanciones internacionales contra Venezuela permiten de manera explícita hacer esos pagos para proteger vidas, por lo que la demora por parte de la justicia británica tiene un costo humano real, alegó el bufete.

Aunque Guaidó dejó de ser diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela en enero pasado tras no presentarse a las elecciones celebradas el mes anterior, todavía sigue autoproclamándose como mandatario interino del país suramericano, con el apoyo de varios gobiernos, entre ellos el estadounidense y el británico, que no reconocieron el triunfo electoral de la coalición que apoya a Maduro.

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