Crisis social, elecciones y recuperación de la institucionalidad: Tres temas presentes en la agenda de negociación

Dentro de la agenda de siete puntos que integran el memorándum de entendimiento firmado por las delegaciones del gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición, subyacen tres grandes temas que han sido puestos sobre la mesa, como parte del proceso de negociación que comenzó en México.

Uno de ellos es la agenda social. Le sigue el electoral y, por último, probablemente de los más importantes es la recuperación de la reinstitucionalización del país. Es lo que, desde ya, observan especialistas en materia de derecho, negociación y relaciones internacionales, quienes siguen de cerca la sexta negociación, mediada con el apoyo de los gobiernos de Noruega, México y el resto de la comunidad internacional, para encontrar una salida democrática a la crisis humanitaria y política que vive Venezuela.

Ninguno de estos temas es desconocido ni arrancan desde cero para ambas delegaciones que saben muy bien de que se trata la discusión. La nueva agenda que se discute en México es muy similar a la que se presentó en Oslo e incluso ante el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y que, a su vez, empezó a forjarse desde las negociaciones en Republica Dominicana.

“Este mecanismo de reinstitucionalización que fue incluido y que trata sobre el rescate de la parte institucional, es de los puntos más importantes del acuerdo que fue suscrito con la formalidad protocolar que le dio México. Es un proceso que, aunque no es fácil ni es una tarea rápida o sencilla, es fundamental porque buscar abordar y lograr un acuerdo que incluirían otros aspectos como lo electoral”, expresó Juan Manuel Raffalli Arismendi, abogado constitucionalista y docente, quien ha sido un asesor permanente en buena parte todos los procesos de negociación que se han dado en los últimos años.

La “reinstitucionalización” a la que se refiere Raffalli y que conlleva el balance de poderes para la democracia, implicaría que debe adecuarse el funcionamiento de las instituciones, tal como lo establece la Constitución; lo que en otras palabras se traduciría en la revisión de todos los poderes públicos como el Tribunal Supremo de Justicia, el poder moral y electoral, así como establecer el pluralismo político y discutir figuras como el protectorado o el estado comunal, que han sido creadas sin estar en la constitución, sostiene el abogado.

“Esta discusión incluye aspectos como la incorporación de los 13 magistrados principales y suplentes que designó en 2017 la Asamblea Nacional legítimamente elegida en 2015, para que sean integrados a sus funciones y se sumen a ese cuerpo. Pero también conlleva revisar el poder moral, electoral, a la fiscalía, contraloría, porque se trata de una labor de reinstitucionalización que le hace falta al país”, argumentó Luis Daniel Álvarez, catedrático y director de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela.

La recuperación de las instituciones pasa también por las fuerzas armadas del país quienes, a juicio de Raffalli, han “asumido el mayor costo de la crisis”, al terminar reprimiendo a los ciudadanos y permitir ser divididos por la política.

“Ellos (los militares) son los primeros que deben exigir que haya un acuerdo sensato en esta mesa, que se establezca el respeto de los derechos humanos y también a la soberanía popular con base en los estándares internacionales. El acuerdo que se logre tiene que estar validado por todos los poderes públicos incluyendo a las propias fuerzas armadas”.

Ambos especialistas coinciden en que otro de los grandes temas presentes en la discusión es la agenda social que ha sido puesto en la mesa en diversas ocasiones por la oposición, a través del pedido de un canal humanitario que permita atender las dificultades para el acceso a las vacunas, medicinas e insumos en hospitales y clínicas, ahora más que nunca necesarios en el contexto de la pandemia, así como el acceso a alimentos y, sin duda, atender los graves problema en las fronteras que ha traído como consecuencia una migración desbordaba que está afectando a otros países, producto de la crisis.

“Elecciones observables”, inhabilitaciones y revocatorio

Pero es el tema electoral el que más cobra fuerza en las conversaciones sobre la negociación y convenios que se logren. No ha sido casualidad que, durante la lectura del memorándum de entendimiento firmado en la Ciudad de México por las delegaciones, el jefe del equipo facilitador de Noruega, Dag Nylander, apuntara a la búsqueda de un acuerdo para “un cronograma electoral para elecciones observables”.

Sin embargo, creer que Nicolás Maduro está dispuesto a renunciar al cargo de presidente para que haya elecciones anticipadas es plantear un hecho muy poco probable. Tampoco los es pensar que los partidos de oposición, conformados en la plataforma unitaria, esperen hasta 2024 sin buscar salidas a la crisis. Esto último mucho menos cuando hay que considerar que en un plazo de 28 meses surgen tres rutas o estaciones electorales en Venezuela, explica Raffalli, como son las lecciones regionales, la posibilidad de la activación de un revocatorio, a partir del 10 enero de 2022, y unas elecciones presidenciales en 2024.

“Esto pone sobre la mesa discutir igualmente sobre la devolución de las tarjetas a los partidos que les fueron confiscadas mediante artilugios legales; las inhabilitaciones a los dirigentes que se les han impedido participar en elecciones y la posibilidad de avanzar para lograr unas elecciones legislativas presidenciales, con supervisión de la comunidad internacional”, agrega Álvarez.

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