Donald Trump y su plan de deportación masiva: Desafíos y controversias en su implementación

Actualmente, se estima que en EE.UU. hay unos 11 millones de migrantes indocumentados, con la mayoría residiendo en el país por más de diez años. Se espera que Trump involucre a la Guardia Nacional y a cuerpos policiales para implementar las deportaciones.

Donald Trump asumirá el cargo de 47º presidente de los Estados Unidos este lunes, marcando el inicio de un mandato que promete contener fuertes cambios en la política migratoria, incluyendo un plan de deportación masiva de migrantes indocumentados, así lo reporta hoy la BBC de Londres.

Durante su campaña electoral, Trump se comprometió a declarar una emergencia nacional e involucrar al ejército estadounidense para llevar a cabo su agenda de deportaciones. «No es una cuestión de precio. En realidad, no tenemos otra opción», declaró Trump en una entrevista reciente, subrayando la importancia de hacer la frontera «fuerte y poderosa”.

Su compañero de fórmula, el vicepresidente electo JD Vance, indicó que el objetivo inicial sería deportar a un millón de personas, un número que ha generado preocupación debido a los desafíos legales y humanos que esto implicaría. Actualmente, se estima que en EE.UU. hay unos 11 millones de migrantes indocumentados, con la mayoría residiendo en el país por más de diez años.

Aunque los migrantes tienen derecho al debido proceso antes de ser expulsados, los expertos advierten que un aumento drástico en las deportaciones requeriría una expansión significativa del sistema de tribunales de inmigración, que ya enfrenta retrasos considerables. “Es fundamental que las autoridades locales colaboren con el ICE”, afirma Kathleen Bush-Joseph, analista del Instituto de Políticas de Migración.

Sin embargo, muchas ciudades han implementado leyes que obstaculizan esta cooperación, lo que complica la ejecución del plan de Trump. “Si las autoridades locales no cooperan, será mucho más difícil”, señala Bush-Joseph, añadiendo que algunos condados han expresado su negativa a participar en las deportaciones.

El plan también enfrenta múltiples implicaciones legales, pues se prevé que organizaciones defensoras de los derechos humanos presenten demandas. Un fallo de la Corte Suprema de 2022 estableció que los tribunales no pueden limitar las políticas de aplicación de la ley de inmigración, lo que podría permitir que las deportaciones sigan en curso.

Los recursos necesarios para llevar a cabo dicho plan son igualmente desafiantes. Durante la administración Biden, los esfuerzos de deportación se centraron en los migrantes detenidos en la frontera, mientras que los arrestos dentro de EE.UU. han disminuido a menos de 100,000 anuales. Para alcanzar el objetivo de un millón de deportados, Aaron Reichlin-Melnick, del Concejo de Inmigración de EE.UU., advierte que se necesitará una inversión considerable. Actualmente, el presupuesto del ICE es de US$420 millones, y se estima que deportó cerca de 140,000 personas el año pasado.

Se espera que Trump involucre a la Guardia Nacional y a cuerpos policiales para implementar las deportaciones. Sin embargo, la cooperación diplomática con los países receptores también es crucial, ya que muchos países que colaboran actualmente no pueden recibir a más migrantes.

Finalmente, aunque Trump ha prometido un aumento significativo en las deportaciones, los desafíos logísticos y las posibles consecuencias políticas «desgarradoras» de estas acciones plantean interrogantes sobre la viabilidad y la moralidad de su propuesta. Según expertos, la comparación con la «Operación espaldas mojadas» de 1954 destaca que las condiciones actuales y las dinámicas migratorias son muy diferentes, lo que podría complicar aún más la situación actual.

Trump se enfrenta a un panorama complejo mientras comienza su mandato, y sus promesas sobre inmigración podría tener un impacto duradero en la política y la sociedad estadounidense.

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