EE. UU admite que deportó “por error administrativo” a un padre salvadoreño al Cecot

El gobierno de Donald Trump reconoció este lunes que la deportación de Kilmar Armando Ábrego García, un padre hispano residente en Maryland, fue resultado de «un error administrativo».
Sin embargo, las autoridades estadounidenses afirmaron que no pueden traerlo de regreso, ya que actualmente se encuentra bajo custodia de las autoridades en El Salvador.
Ábrego, ciudadano salvadoreño, había recibido en 2019 un estatus de protección contra la deportación, lo que en teoría debía impedir su expulsión del país.
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Pese a ello, el 15 de marzo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) procedió con su deportación, un hecho que la administración reconoció en un expediente judicial derivado de una demanda que busca su retorno a Estados Unidos.
Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, calificó el caso como inédito, señalando que nunca había visto que el gobierno deportara a sabiendas a una persona protegida por una orden judicial, reseñó Univisión.
En respuesta, su equipo legal solicitó a la corte que ordene a la administración interceder para su regreso e, incluso, condicionar el pago de fondos al gobierno salvadoreño por servicios carcelarios hasta que Ábrego sea devuelto.
Por su parte, los abogados del gobierno piden desestimar la demanda, argumentando que la administración tiene «primacía» en asuntos exteriores, lo que consideran superior a los intereses de Ábrego y su familia.
El salvadoreño está casado con una ciudadana estadounidense y tiene un hijo de cinco años con discapacidad, también ciudadano de EE. UU.
ICE justificó la deportación asegurando que se realizó «de buena fe», basándose en una orden final de expulsión y en supuestos vínculos con la pandilla MS-13.
Sin embargo, su abogado refuta estas acusaciones, señalando que el gobierno no tiene pruebas que respalden dicha afirmación.Ábrego, quien llegó a EE. UU. en 2011 huyendo de la violencia en su país, fue arrestado por ICE en marzo bajo la sospecha de ser pandillero.
Sus defensores aseguran que fue señalado sin pruebas durante un interrogatorio en un caso previo y que la policía nunca presentó cargos en su contra.
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