EE.UU imputa a 27 venezolanos por presunto vínculo con el Tren de Aragua

El departamento ejecutivo federal del gobierno de Estados Unidos, anunció este lunes la imputación de 27 personas vinculadas presuntamente con la organización criminal venezolana “Tren de Aragua”.

Los acusados enfrentan cargos por delitos graves como, “el asesinato, narcotráfico, trata de personas con fines de explotación sexual, extorsión y uso de armas de fuego”.

De acuerdo con el fiscal federal interino del distrito sur de Nueva York, Matthew Podolsky, entre los imputados figuran miembros activos, exintegrantes y asociados de la banda.

Veintiuno de los sospechosos ya se encuentran bajo custodia federal, mientras que otros cinco fueron arrestados entre el domingo y el lunes en la ciudad de Nueva York y otras jurisdicciones, dijo el tributario.

“El Tren de Aragua”, es conocido por su violencia y expansión, ha sido catalogado como una prioridad para el gobierno del presidente Donald Trump.

Su administración la declaró como una organización ‘terrorista’, amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ordenó la deportación de migrantes acusados de formar parte de esta pandilla o de la salvadoreña Mara Salvatrucha, sin presentar pruebas concluyentes.

Según una publicación de la Agence France-Presse (AFP), el gobierno estadounidense organizó dos vuelos con destino a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, transportando a presuntos miembros de la banda, el pasado 15 de marzo.

Esta medida generó controversia y derivó en disputas judiciales sobre su legalidad y debido proceso.

Abogados defensores han denunciado que varios de los deportados fueron señalados únicamente por portar tatuajes considerados sospechosos. Alegan que sus clientes no tienen vínculos con la pandilla ni antecedentes penales.

El 7 de abril, la Corte Suprema de EE. UU. avaló el uso de la ley del siglo XVIII para proceder con las deportaciones, aunque el sábado siguiente suspendió temporalmente la expulsión de un grupo de venezolanos desde Texas, en espera de una decisión definitiva.

En un mensaje publicado en redes sociales, el presidente Trump justificó las medidas afirmando: “No podemos juzgar a todo el mundo, porque hacerlo llevaría, sin exagerar, 200 años”.

Uno de los casos más polémicos es el de Kilmar Ábrego García, deportado a pesar de una orden judicial que prohibía su expulsión. Actualmente permanece encarcelado en El Salvador. 

Aunque las autoridades estadounidenses reconocieron el error, se niegan a gestionar su regreso argumentando que ya no se encuentra bajo su jurisdicción.

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