EE. UU. solicita órdenes para incautar decenas de petroleros vinculados a Venezuela.

El gobierno de los Estados Unidos ha iniciado una amplia ofensiva legal y marítima para incautar decenas de buques petroleros vinculados al comercio de crudo venezolano, en medio de su intento por consolidar el control de los envíos de petróleo hacia y desde Venezuela, recoge Reuters.Según fuentes familiarizadas con el tema, Washington ha presentado múltiples solicitudes ante tribunales federales, principalmente en Washington D.C., para obtener órdenes de incautación civil que permitan confiscar tanto las cargas de petróleo como los propios barcos que han participado en el transporte del crudo venezolano.
Estas acciones son parte de un esfuerzo más amplio que incluye un bloqueo a las exportaciones impuesto en diciembre pasado, y que ha reanudado los envíos esta semana bajo supervisión norteamericana.
En las últimas semanas, la Guardia Costera y las fuerzas armadas de EE. UU. han interceptado al menos cinco embarcaciones en aguas internacionales que transportaban petróleo venezolano o lo habían hecho anteriormente. Algunos de estos buques forman parte de una denominada “flota fantasma”, compuesta por navíos que navegan sin regulación clara o bajo banderas de conveniencia para eludir sanciones de EE.
UU.Aunque el número exacto de órdenes judiciales solicitadas y aprobadas no es público, las fuentes aseguran que decenas de solicitudes han sido presentadas ante tribunales. Tras una pausa en las incautaciones desde el viernes pasado, las autoridades aseguran que podría reanudarse la acción contra otros petroleros y cargas no autorizados por Washington.
Este enfoque representa una escalada significativa respecto a periodos anteriores cuando las incautaciones se limitaban principalmente a la carga de petróleo y no al buque en sí. En uno de los casos recientes, un petrolero con bandera rusa fue interceptado y confiscado tras una prolongada persecución en el Atlántico Norte bajo una orden judicial estadounidense.
Las medidas han generado críticas internacionales, con gobiernos como el de Rusia rechazando lo que califican de “uso ilegal de la fuerza” y acusando a Estados Unidos de violar el derecho marítimo.
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