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Familiares de presos políticos protestan frente al PNUD en Caracas por liberaciones incumplidas (+Video)

Un grupo de familiares de detenidos por motivos políticos se concentró este miércoles 18 de febrero frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en Caracas, para exigir la liberación inmediata de los más de 600 ciudadanos que aún permanecen tras las rejas en Venezuela, denunciaron sus representantes.

Los manifestantes expresaron su profundo descontento por la opacidad del gobierno y la falta de avances en las excarcelaciones que habían sido prometidas por voceros oficialistas, incluidos anuncios previos del presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, que no se han materializado de forma integral.

La protesta forma parte de un clima de presión social creciente en el país. Desde mediados de febrero, familiares y algunos presos políticos han iniciado una huelga de hambre frente a sedes policialescomo la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, en rechazo a la lentitud o suspensión de las excarcelaciones prometidas y al estancamiento de la discusión de una ley de amnistía que beneficiaría a los detenidos.

Voceros de la movilización denunciaron también condiciones precarias dentro de los centros de detención y el deterioro de la salud de familiares que han estado acampando durante semanas bajo carpas y colchonetas ante la falta de respuestas oficiales.

Las demandas incluyen no solo la liberación total de los presos políticos, sino también que se cumplan las promesas de excarcelación completas realizadas por representantes gubernamentales ante la comunidad internacional, y que organismos multilaterales como la ONU intercedan para verificar la situación de derechos humanos en Venezuela.

Esta ola de protestas y presión social se enmarca en un contexto más amplio de movilizaciones a favor de la liberación de presos políticos en Venezuela, que han continuado desde semanas antes y coinciden con el debate, aún pendiente, de una ley de amnistía que podría beneficiar a cientos de detenidos desde 1999, aunque su aprobación ha enfrentado obstáculos y retrasos.

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