Familiares de presos políticos reactivan protestas: «De aquí no nos vamos hasta que sean libres»
Siete mujeres se lanzaron al suelo la pasada semana, para impedir que funcionarios policiales desalojaran el campamento que mantienen frente al calabozo de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Caracas.
Desde hace dos semanas duermen sobre carpas y colchonetas en las inmediaciones de esa sede policial, resguardada por equipos antidisturbios y camiones blindados.
No protestan por una vivienda perdida, sino por la ausencia de sus familiares: decenas de presos políticos recluidos en esa comisaría, cuya liberación exigen sin respuestas oficiales.
El pequeño grupo ha improvisado un baño en una alcantarilla y comparte alimentos, oraciones, cargadores de teléfonos y el cansancio de la espera. Del otro lado, la vigilancia se ha intensificado.
Escenas similares se repiten frente a varias cárceles del país, donde madres, hermanas, esposas e hijas reclaman que el giro que ha tomado la crisis venezolana desde el 3 de enero, tras la salida forzada de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante una intervención militar de Estados Unidos, no se limite a una reapertura de negociaciones petroleras.
Piden que también se abran las celdas que, aseguran, se han llenado en los últimos años por la escalada represiva del chavismo, que ha encarcelado a más de un millar de personas, civiles y militares, acusadas de terrorismo.
Raidelis Chourio llegó hasta el calabozo de la PNB guiada por Google Maps. Viajó desde Maracaibo a Caracas por primera vez en su vida tras la detención de su hermano, Renny Jesús Chourio Zambrano, en noviembre pasado. “Nuestra familia se rompió ese mes”, dice.
Su hermano, policía y excandidato independiente a una alcaldía del Zulia, fue detenido tras recibir amenazas contra su madre. No existe expediente ni orden judicial, y las familias que esperan frente a la sede policial dicen haber reconstruido los hechos a partir de relatos fragmentados, reseña El País, de España.
«Aquí hay gente detenida por enviar un mensaje por WhatsApp, otros por ser abogados”, relata Raidelis, de 38 años, quien dejó a sus dos hijos en casa para acompañar a su madre.
Asegura que la mayoría de las detenciones ocurrieron entre noviembre y diciembre, en medio del aumento de tensiones con Estados Unidos.
Aunque el chavismo ya acumulaba denuncias por arrestos arbitrarios de opositores, activistas y periodistas, fue tras el ataque militar estadounidense cuando el Gobierno comenzó a mostrar disposición a hacer concesiones.
Las excarcelaciones anunciadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, avanzan lentamente. El Ejecutivo asegura haber liberado a 626 personas, pero no ha difundido una lista oficial.
Organizaciones no gubernamentales que asisten a víctimas de persecución política manejan cifras menores de liberaciones, mientras el número de detenidos sigue creciendo. Algunas familias dicen haberse atrevido a denunciar solo ahora, ante la posibilidad de que se produzcan más liberaciones.
Desde el 8 de enero, cuando Rodríguez habló de un “importante número” de excarcelaciones, Foro Penal ha confirmado 230 liberaciones y ha incorporado 122 nuevos casos que no figuraban en sus registros.
En su conteo permanecen 700 presos políticos, mientras otras organizaciones elevan la cifra a 949. Además, se reportan al menos 66 casos de desaparición forzada, sin información oficial ni extraoficial sobre el paradero de los detenidos.
Quienes esperan frente a la Zona 7 de la PNB, así como en el Helicoide, Rodeo I, Tocorón o Yare, han recorrido distintas cárceles buscando información. Casi ninguno tiene confirmación oficial. Han entregado listas de nombres y, aseguran, solo han recibido silencio.
En El Rodeo, funcionarios niegan que haya detenidos, aunque en ocasiones se escuchan gritos desde el interior. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó este viernes que solicitará al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU verificar los listados.
La persistencia de los familiares ha reactivado una movilización que desafía el miedo a expresarse y pone a prueba la anunciada apertura del Gobierno.
Las protestas, prácticamente apagadas tras la represión posterior a las elecciones presidenciales de 2024, han reaparecido de forma gradual. Este viernes hubo manifestaciones estudiantiles en 11 universidades de siete estados del país para exigir la libertad de todos los detenidos.
En Caracas, una gran pancarta colgada en la Universidad Central de Venezuela proclamaba: “La universidad no calla. La libertad es el cimiento de la democracia”. Esta vez, no hubo represión policial.
«La incertidumbre es una tortura”, se dicen entre quienes esperan. Evelis Cano, una de las siete mujeres que se lanzó al suelo para evitar el desalojo, afirma que el dolor no la deja. Con varias enfermedades crónicas, permanece frente a la cárcel donde está detenido su hijo, Jack Tantak, sin separarse del teléfono ni de los periodistas que han contado su historia.
El joven aparecía entre los contactos del exdiputado opositor Fernando Orozco, detenido en diciembre junto a su familia. “Solo lo había visto una vez, me contactó por Facebook para vender un carro”, cuenta Evelis.
“Cuando se lo llevaron dijeron que era preso político por traición a la patria y terrorismo. No dieron más explicación”. Entre los familiares se repite una frase: la detención fue “orden presidencial”, y también lo será la liberación.
Mientras tanto, tras más de 15 días a la intemperie, coinciden en algo: de allí no se irán hasta que todos sean libres.
Versión Final
