Fiscalía federal imputa 38 cargos a grupo vinculado al Tren de Aragua en Nueva York
La justicia de Estados Unidos asestó un golpe a las estructuras delictivas transnacionales tras imputar a 27 personas vinculadas a una facción disidente del Tren de Aragua (TDA), conocida como Anti-Tren.
El grupo enfrenta 38 cargos criminales que describen una red de violencia y explotación desplegada en la ciudad de Nueva York y otros estados del país.
De acuerdo con información difundida por EFE, el Departamento de Justicia detalló que las acusaciones incluyen crimen organizado, tráfico sexual, secuestro, narcotráfico, robo y uso ilegal de armas de fuego.
Entre los hechos más graves figura un doble homicidio ocurrido en abril de 2024 en el distrito de El Bronx.
La Fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan, encabeza el proceso judicial. Según el expediente, 21 de los 27 acusados ya habían sido procesados anteriormente por otros 12 delitos; ahora enfrentan nuevas imputaciones.
De los seis señalados incorporados recientemente al caso, cinco permanecen bajo custodia.La acusación sostiene que Anti-Tren operaba en distintos puntos de Nueva York, incluidos El Bronx y Queens, así como en Nueva Jersey, Illinois y Washington.
La organización, integrada en gran parte por exmiembros y asociados del TDA, presuntamente se dedicaba a la trata de mujeres jóvenes trasladadas a Estados Unidos bajo esquemas de endeudamiento forzado, obligándolas a ejercer el trabajo sexual mediante amenazas, agresiones y secuestros.
Entre los crímenes documentados por la Fiscalía destaca el asesinato a tiros de José Bisbal Pina y Adrián Mendoza Istúriz. Por este hecho fueron señalados Yender Mata, Ervin Hernández y Kerlyn Nataly Pérez, quienes habrían actuado como parte de las actividades delictivas de la facción.
Las autoridades estadounidenses declararon al TDA como organización terrorista extranjera y sostienen que sus miembros cometieron y conspiraron para cometer actos de violencia con el fin de expandir sus operaciones, resolver disputas internas y ejercer control sobre víctimas de trata.
De ser hallados culpables, los acusados enfrentan penas que podrían alcanzar la cadena perpetua.
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