Funcionarios de Zona 7 impiden ingreso de médicos para atender a detenidos en huelga de hambre (+Video)
En el marco de la huelga de hambre de presos políticos internados en el reclusorio Zona 7 de Caracas y de familiares que se mantienen en pernocta en las afueras del recinto, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidieron el ingreso de médicos a la cárcel.
Familiares y activistas de derechos humanos denuncian que las autoridades del recinto prohibieron formalmente el ingreso de la delegación médica que pretendía evaluar el estado de salud de los ciudadanos detenidos por causas políticas.
Entre los detenidos en Zona 7 se encuentran personas con cuadros de desnutrición severa, infecciones respiratorias crónicas y pacientes que requieren medicación de alta especialidad que no está siendo suministrada dentro del recinto.
Videos en redes sociales muestran presencia de efectivos policiales en los alrededores de Boleíta para dispersar la concentración de familiares que exigen respuestas.
Esta medida de fuerza ocurre en un momento crítico, justo cuando se esperaba que los informes médicos sirvieran de base para solicitar medidas humanitarias urgentes.
Desde el pasado 14 de febrero, a las seis de la mañana, los familiares de los presos recluidos en esta dependencia están en huelga de hambre, como una medida desesperada para exigir la liberación de quienes permanecen tras las rejas.
Diez mujeres familiares de presos políticos en Venezuela cumplen más de 48 horas en huelga. El grupo se instaló sobre colchonetas y, han presentado varios problemas de salud: una de ellas reportó tensión alta y dolor en el pecho, mientras que tres han perdido el conocimiento durante la protesta.
A pesar de las complicaciones médicas, las participantes insisten en continuar la huelga para exigir la liberación inmediata y plena de sus familiares.
Personal de enfermería y médicos han acudido al lugar para monitorear el estado de las manifestantes. No obstante, los funcionarios, que custodian la manifestación desde el pasado mes de enero, impidieron que médicos ingresaran al recinto penitenciario para atender a los reos.
Diversas organizaciones de Derechos Humanos han calificado esta acción como una «violación flagrante al derecho a la vida» y un desacato a los protocolos internacionales de atención a privados de libertad.
Advierten que cualquier complicación fatal en la salud de los detenidos será responsabilidad directa de quienes ordenaron el bloqueo de la asistencia médica hoy.
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