«Giro en el caso Zulia: Juez detiene proceso contra empresario al revelarse trama de extorsión desde el despacho fiscal»
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la solicitud de avocamiento presentada por la defensa del empresario zuliano Jaime Andrés Ruiz Salamanca y ordenó la paralización inmediata del juicio penal que se sigue en su contra en el estado Zulia.
Tal decisión está contenida en la sentencia número 21 cuyo anuncio está reflejado en el portal digital del máximo tribunal de Venezuela.
Mediante esa decisión los magistrados ordenaron recabar el expediente, así como paralizar las actuaciones al Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, lo que implica la suspensión del debate oral mientras el máximo intérprete de la Constitución analiza los alegatos de presuntas irregularidades procesales planteadas por la defensa.
Este caso se remonta a una decisión de octubre de 2025 con la cual la Sala Civil del TSJ declaró nulo el proceso civil de desalojo. Ese juicio civil versa sobre el desalojo del inmueble donde funciona una de las empresas de Ruiz Salamanca ubicado en Zulia. A ese establecimiento se presentó la fiscal Araque Díaz el pasado 5 de junio de 2025 y lo privó de libertad acusándolo de invadir ese inmueble.
La anterior dueña había entablado una demanda civil contra Ruiz Salamanca. Pero la Sala Civil declaró la nulidad absoluta de todas las actuaciones en el referido proceso por desalojo, desde el auto de admisión del 13 de junio de 2023 y ordenó reponer el proceso al estado de admitir y sustanciar la demanda por el procedimiento oral, de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Arrendamiento Comercial.
Pese a esa nulidad civil, el proceso penal continuó su curso en el Zulia hasta que la defensa solicitó la revisión constitucional por presuntas violaciones al debido proceso, subversión del orden procesal en el trámite de excepciones y afectación al derecho a la defensa.
En medio de ese proceso civil es que intervino la entonces fiscal octava del Ministerio Público en el estado Zulia, Mariángelis Araque Díaz, quien dirigió la investigación inicial del caso. Ella presuntamente le exigió una suma en dólares para sacarlo del asunto.
Debido a esas actuaciones, la fiscal Araque Díaz fue detenida y posteriormente acusada por el Ministerio Público por presuntos delitos de corrupción y extorsión en actuaciones vinculadas a esta causa.
Pero mientras se produce la revisión de fondo en la Sala Constitucional, el juicio queda suspendido y el tribunal de instancia deberá remitir la totalidad de las actuaciones al TSJ, dice la sentencia. El empresario permanece privado de libertad mientras se desarrolla esta fase de control constitucional.
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