Cidh denuncia que persiste la represión en Venezuela y cuestiona la amnistía
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que en Venezuela persiste una política estatal caracterizada por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, incomunicación prolongada y falta de atención médica a los detenidos.
El informe fue presentado por la secretaria ejecutiva del organismo, Tania Reneaum Panszi, en representación del presidente de la Comisión, Edgar Stuardo Ralón Orellana.
De acuerdo con los datos expuestos, hasta abril de 2026 se contabilizan 454 personas detenidas por motivos políticos, una cifra coincidente con reportes independientes de organizaciones como Foro Penal .
Entre los detenidos hay 44 mujeres, un menor de edad, 286 civiles y 186 militares.La CIDH también alertó sobre la muerte de al menos 18 personas bajo custodia estatal, mencionando casos como Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro y Alfredo Díaz.
Durante 2025, el organismo otorgó 36 medidas cautelares en favor de víctimas, en su mayoría presos políticos, activistas, periodistas y sus familiares.
Además, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela ha recopilado más de 300 testimonios que documentan estas situaciones.
Aunque la CIDH reconoció la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en febrero de 2026, sostuvo que su aplicación no ha generado cambios sustanciales.
Mientras las autoridades aseguran haber beneficiado a miles de personas, organizaciones civiles indican que solo una minoría ha recuperado la libertad plena, mientras centenares siguen sometidos a restricciones como presentaciones judiciales periódicas o prohibiciones de salida del país.
El organismo calificó esta situación como una forma de “libertad vigilada” y advirtió sobre fallas estructurales en la ley, incluyendo ambigüedades jurídicas que podrían usarse contra opositores, así como la falta de independencia de las instituciones encargadas de aplicarla.
La misma estructura que permitió las detenciones arbitrarias no puede convertirse en un mecanismo de reparación”, concluyó la Comisión.
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