La detención arbitraria del representante legal de Gold Reserve compromete gravemente la inversión minera en Venezuela
La detención arbitraria del abogado José Ignacio Moreno Suárez, representante legal en Venezuela de la empresa canadiense Gold Reserve Ltd., constituye un hecho de extrema gravedad jurídica y un precedente alarmante para la inversión internacional en el sector minero venezolano.Moreno Suárez fue detenido sin orden judicial y acusado de traición a la patria, conspiración con gobiernos extranjeros y asociación para delinquir.
Tales cargos, manifiestamente desproporcionados, criminalizan el ejercicio legítimo de la profesión de abogado y la defensa de los intereses de su representada en un litigio originado por decisiones del propio Estado venezolano.
La controversia se deriva de la revocatoria de derechos vinculados a la empresa mixta Empresa Mixta Siembra Minera, constituida para desarrollar los proyectos auríferos Brisas y Las Cristinas en el denominado Arco Minero del Orinoco, considerados entre los mayores yacimientos de oro y cobre de América Latina.
En dicha empresa mixta, Gold Reserve poseía el 45% de participación accionaria y el Estado venezolano el 55%.
Resulta especialmente grave que el Ministerio Público haya señalado como conducta incriminatoria que el abogado actuó para “privilegiar la posición internacional de Gold Reserve”, afirmación que, en sí misma, confirma la criminalización del ejercicio profesional.
Defender los intereses de un cliente no es un delito; es la esencia misma del Estado de Derecho.
El caso presenta además serias violaciones al debido proceso y a los derechos humanos. Durante varias semanas, las autoridades negaron información sobre su paradero, configurando una desaparición forzada temporal.
Actualmente permanece recluido en el centro penitenciario El Rodeo bajo condiciones restrictivas que limitan severamente el contacto con su defensa y familiares.
Asimismo, se han denunciado confiscaciones de bienes de su núcleo familiar, sin garantías procesales transparentes.Este hecho envía una señal inequívoca a la comunidad internacional: en Venezuela, la defensa jurídica de una inversión extranjera puede derivar en persecución penal.
Ningún país que aspire a atraer capital internacional puede sostener una política de criminalización contra representantes legales de empresas que actúan dentro del marco contractual y arbitral previamente acordado con el propio Estado.
La seguridad jurídica no es un lujo; es la condición básica para cualquier desarrollo económico sostenible.
Sin garantías institucionales, sin respeto al debido proceso y sin protección efectiva de los derechos de quienes operan legalmente en el país, el sector minero venezolano seguirá enfrentando un entorno de alto riesgo que desalienta la inversión formal y responsable.
Reiteramos la necesidad de restituir plenamente las garantías constitucionales, respetar el ejercicio profesional de la abogacía y asegurar condiciones mínimas de seguridad jurídica para cualquier iniciativa de inversión en el país.
No es justo ni legal mantener secuestrado en el Rodeo I al abogado venezolano José Ignacio Moreno Suárez por el solo hecho de haber ejercido legalmente en defensa de una corporación internacional, cuyos derechos le ha sido confiscados arbitrariamente.
