La UE extiende sanciones contra funcionarios venezolanos hasta 2027
El marco sancionatorio europeo alcanza actualmente a 69 personas, quienes enfrentan restricciones financieras y de movilidad.
Estas incluyen la inmovilización de bienes dentro del territorio comunitario, la prohibición de recibir recursos económicos y la imposibilidad de ingresar a países miembros de la Unión.
El bloque comunitario indicó que una eventual revisión o levantamiento de las sanciones estará condicionada a avances verificables.
La Unión Europea decidió extender por un año adicional el régimen de sanciones aplicado a Venezuela, por lo que las medidas se mantendrán vigentes hasta el 10 de enero de 2027.
La resolución fue adoptada este lunes por los ministros de Asuntos Exteriores del bloque durante su encuentro en Bruselas.
Según explicó el Consejo de la UE, la prórroga responde a la continuidad de prácticas que, a juicio del organismo, afectan el funcionamiento democrático del país, debilitan el Estado de Derecho y vulneran los derechos fundamentales.
El bloque también citó la represión contra actores políticos y organizaciones civiles, así como los hechos asociados al proceso electoral presidencial celebrado el 28 de julio de 2024.
El marco sancionatorio europeo alcanza actualmente a 69 personas, quienes enfrentan restricciones financieras y de movilidad.
Estas incluyen la inmovilización de bienes dentro del territorio comunitario, la prohibición de recibir recursos económicos y la imposibilidad de ingresar a países miembros de la Unión.
Las medidas restrictivas contra Venezuela fueron establecidas inicialmente en noviembre de 2017.
Desde entonces, el esquema ha contemplado limitaciones a la venta de armamento y equipos susceptibles de ser usados para la represión interna, además de sanciones individuales contra funcionarios y actores señalados por el bloque.
El Consejo reiteró que la política de sanciones tiene como finalidad respaldar una salida política basada en el diálogo, la negociación y la restauración de la institucionalidad democrática en el país sudamericano.
Asimismo, la Unión Europea subrayó que las disposiciones adoptadas no están dirigidas a afectar a la ciudadanía venezolana ni a la economía nacional, y sostuvo que la superación de la crisis depende de las decisiones que adopten las autoridades del país.
Finalmente, el bloque comunitario indicó que una eventual revisión o levantamiento de las sanciones estará condicionada a avances verificables en materia de derechos humanos, fortalecimiento del Estado de Derecho y el establecimiento de un proceso de diálogo creíble que conduzca a una transición democrática.
Versión Final
