Ley de Amnistía excluye al menos a 200 militares y perseguidos políticos: “Es discriminatoria”
La nueva Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela con el respaldo unánime de la bancada opositora liderada por Henrique Capriles excluye a poco más de 200 militares, según la estimación de expertos en derechos humanos y del mundo militar.
Alfredo Romero, director-presidente de la ONG Foro Penal, expresó en la red social X: “Es discriminatorio e inconstitucional excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos”.
No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluye a un sector tan importante de la sociedad como el militar y sus familias”, insiste el también abogado.
Ley incompleta
En entrevista con Sebastiana Bárraez, corresponsal de Infobae, en la víspera a su aprobación el coronel retirado y abogado Hidalgo Valero Briceño, quien preside el Movimiento Defensores Populares (DPR), aseguraba que deja por fuera al menos a un 80% de los militares encarcelados injustamente por razones políticas.
Valero Briceño explicaba que la propuesta es “chucuta” (incompleta) y limitada, porque la mayoría de las detenciones de militares han sido ordenadas por altos cargos como el ministro del Interior y Justicia Diosdado Cabello Rondón, de quien asegura fundamenta denuncias por informantes infiltrados en los cuarteles, conocidos como “patriotas cooperantes”.
Según el coronel retirado de la Guardia Nacional, estos informantes detectan y reportan cualquier comentario crítico hacia el régimen, lo que ha llevado a que numerosos oficiales, subalternos y tropa profesional sean privados de libertad por meros rumores o por expresar inquietudes sobre la situación socioeconómica de sus familias.
Afirma que cuando los jueces militares no encuentran pruebas de delitos, “los inventan” o esperan instrucciones directas desde Miraflores, en alusión a las órdenes que el Poder Ejecutivo, desde Hugo Chávez y continuando con Nicolás Maduro, da a los tribunales, al Ministerio Público y a los defensores públicos.
Casos emblemáticos
Destaca Hidalgo Valero, quien es doctor en Ciencias Jurídicas, algunos casos emblemáticos como el del General de Brigada de la Guardia Nacional, Héctor Armando Hernández Da Costa, detenido desde el 13 de agosto 2018, condenado a 16 años de prisión y se encuentra en la Cárcel El Rodeo I.
El general Hernández se encuentra detenido por oponerse al narcotráfico y desobedecer órdenes superiores, dice. Otro de los casos es el del teniente coronel del Ejército, Igbert José Marín Chaparro, detenido en marzo 2018 por denunciar ante sus superiores la mala alimentación de la tropa.
El Tcnel. Marín denunció la precaria alimentación de su tropa, lo que ratificó frente al ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, y “fue sentenciado a 7 años 6 meses de prisión, por el delito de Instigación a la Rebelión”. Posteriormente le abrieron un nuevo juicio para mantenerlo encarcelado.
Además, el coronel Valero Briceño señala la proliferación de causas basadas en presuntas conspiraciones como las operaciones Espada de David, Brazalete Blanco, Constitución u Operación Gedeón, que han servido para justificar detenciones masivas y “sentencias que salen de Miraflores, no del tribunal de la causa”.
Asegura que ordenan revisar los teléfonos de los militares “al conseguir mensajes o cadenas, sobre la situación crítica que vive Venezuela, son llevados a juicio, les imputan, traición a la Patria, desobediencia, insubordinación, incautación de armas, rebelión, terrorismo, entre otros delitos”.
Valero Briceño calcula que son más de 200 los militares que permanecen detenidos por razones políticas, pero denuncia que solo una mínima parte ha sido liberada, desde el 3 de enero, cuando fuerzas militares estadounidenses extrajeron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de territorio venezolano.
Versión Final
