Lula da Silva definirá si la OEA condena los resultados de los comicios y la represión ilegal en Venezuela

La iniciativa diplomática que presentó Estados Unidos junto a Canadá, Ecuador, Paraguay y Uruguay fue objeto de una larguísima negociación que permitió encontrar un consenso entre todos los miembros de la OEA.

Pero ese trabajoso acuerdo fue elevado a las cancillerías de cada uno de los estados del foro regional para obtener un mayor respaldo político, y hasta que eso no suceda no habrá sesión especial para repudiar los resultados electorales.

Entonces, la condena a Maduro depende de Lula, que define la agenda diplomática del Palacio Itamaraty. Si el presidente del Brasil avala la iniciativa que ya fue aceptada por su embajador ante la OEA, el proyecto contra el gobierno venezolano, podría tratarse el viernes y ser sancionado por una mayoría holgada.

AMLO y Luis Arce, presidente de Bolivia, tienen una posición intransigente frente a la iniciativa que exige transparencia electoral y condena la represión ilegal en Venezuela. Ambos mandatarios ordenaron a sus embajadores de la OEA que no participen de las deliberaciones para consensuar un proyecto común.

Las cancillerías de los países miembros del foro regional no tienen un plazo perentorio para responder, pero la crisis institucional en Venezuela apura los tiempos diplomáticos. Si Brasil define a favor, los votos se multiplicarían y la sesión especial podría ocurrir este viernes

La iniciativa consensuada a nivel de embajadores de la OEA tiene siete artículos, que están sujetos a eventuales modificaciones que realicen los ministerios de Relaciones Exteriores. Hasta ahora, el proyecto establece:

“1. Reconocer la participación sustancial y pacífica del electorado de Venezuela en las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024.

2.. Exigir con la mayor firmeza que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, especialmente el derecho a reunirse pacíficamente y al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos sin represalias, el derecho a no ser sometido a detenciones ni encarcelamientos arbitrarios, y el derecho a juicio imparcial sea una prioridad absoluta y una obligación para Venezuela así como para todos los Estados de las Américas.

3.. Llamar a todas las partes interesadas, actores políticos y sociales, en especial al Estado de Venezuela, a abstenerse de cualquier conducta que pueda comprometer la construcción de una salida pacífica de esta crisis, respetando la voluntad soberana del pueblo venezolano.

4.Solicitar a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela que protejan las instalaciones diplomáticas y al personal residente en territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo en dichas instalaciones, de conformidad con el derecho internacional, y en particular con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

5.. Resaltar la importancia de proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia del proceso de votación.

6.Instar al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a que: (a) publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral, y (b) respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de la verificación de los resultados que sea imparcial y acordada por todos los actores políticos en Venezuela, y que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral.

7.. Expresar solidaridad con el pueblo venezolano y comprometerse a permanecer atento a la situación en la República Bolivariana de Venezuela.

Infobae