El economista Manuel Sutherland refutó la tesis de la «falta de dinero» para el aumento salarial en Venezuela.
Durante una entrevista con el editor de Punto de Corte, Nicmer Evans, el especialista argumentó que la precariedad salarial no responde a una carencia de recursos, sino a una estructura de gasto público profundamente ineficiente, marcada por la opacidad y la malversación de fondos estatales.
A su juicio, muchos analistas observan de manera superficial la economía venezolana, en referencia a las razones por las que algunos sectores consideran imposible un aumento.
Esa superficialidad a la que hace referencia Sutherland se relaciona con la ignoracia del peso de la corrupción por quienes estudian el tema salarial.
Recordó que el país vivió el caso “Pdvsa-Cripto”, donde se malversaron unos 21.000 millones de dólares, cifra que equivale al presupuesto nacional proyectado para un año entero.
«El dinero está, pero se encuentra mal orientado y secuestrado por una élite para su enriquecimiento personal», afirmó. Para el economista, mientras persistan gastos en “obras fantasmas” que nunca se terminan o en “mamarrachadas ornamentales” como la plaza en honor al ejército soviético en Caracas, la clase obrera seguirá percibiendo salarios de miseria.
Comparó la situación con países pobres de Centroamérica, donde los salarios son más altos porque la economía y el estado tienen un funcionamiento normal y la malversación no resulta grotesca, como la que acá sufrimos.
En Costa Rica el salario mínimo es 751 dólares, en Panamá 636 dólares, en Honduras 530 dólares. «Hablamos de salarios, no de bonos compensatorios isócronos. Es decir, en esos tres países de Centroamérica esos salarios son considerados en sus regímenes de prestaciones laborales, es decir, vacaciones, jubilación, aguinaldo, etcétera.
El salario en Venezuela de 0,3 $ es el que se usa para todo el régimen prestacional, estando congelado desde hace cuatro años, es, por lejos, el más bajo del mundo», informa Sutherland a Punto de Corte.
Auditoría forense: El misterio de la nómina públicaUno de los puntos más críticos revelados por Sutherland es el desconocimiento del país, de cuántas personas trabajan hoy para el Estado.
Tras reuniones con sindicatos independientes, el economista denunció que el Gobierno se niega a revelar la nómina actual. «Probablemente ni ellos sepan quiénes cobran realmente. Necesitamos una autopsia económica… una auditoría forense profunda», señaló.
Sutherland estima que entre el 70 % y 75 % de la administración pública ha abandonado sus puestos debido a la migración masiva. A pesar de esto, el presupuesto de hace poco tiempo, seguía reflejando una cifra “delirante”, como la supuesta existencia de 4,5 millones de militares.
Denunció la existencia de “nóminas fantasmas” utilizadas por directores para financiar eventos políticos, marchas, tarimas, publicidad y el sostenimiento de personas que solo asisten a marchas partidistas.
¿Cuánto se puede pagar realmente?
Sobre la viabilidad técnica de un incremento, el director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO) aseguró que un salario mínimo de entrada de entre 200 y 250 dólares es “completamente factible”.
Este monto se sustentaría en el aumento del ingreso petrolero por la vía de precios y producción, sumado a una de las presiones tributarias más feroces del mundo.
Ello pasaría por eliminar el Memorando 2792 (2018, Ministerio del Trabajo) que elimina cláusulas de convenciones colectivas previas, fijando el salario mínimo como única base de escalas y suspendiendo de facto el derecho a negociación colectiva y el respeto a las tablas salarias que reflejan los diversos escalafones laborales.
También habría que desterrar el Instructivo Onapre (marzo 2022) que aplanó las escalas salariales, redujo entre 40% y 70% los porcentajes por profesionalización, antigüedad, estudios, etc.
Ello es el desconocimiento pleno a las convenciones colectivas en administración pública, universidades y empresas de todo tipo. Nunca se ha visto una ofensiva anti obrera tan feroz.
Ni el más ultra liberal anti derechos laborales, hubiera impuesto un castigo tan drástico.
Por ejemplo, «un hogar donde trabajen dos personas con un ingreso de 250 dólares cada una, podría finalmente adquirir la canasta alimentaria crítica, que ronda los 500 dólares», explicó.
Aunque esto no eliminaría la pobreza medida por la línea del ingreso, sacaría a las familias de la pobreza extrema y reactivaría el Producto Interno Bruto (PIB), el cual depende en más de un 60% del consumo privado.
Hacia una reconstrucción del sistema socialFinalmente, Sutherland insistió en que cualquier ajuste debe venir acompañado de una reestructuración drástica del Estado.
Esto implica eliminar los lujos de los altos funcionarios, quienes mantienen escoltas y camionetas blindadas de 150 mil dólares (como dijo un sindicalista en la AN), mientras los pensionados reciben montos “ridículos” y no tienen con que cubrir medicinas y alimentos.
El economista concluyó que es imperativo “dignificar el salario” y reconstruir el sistema de prestaciones sociales desde cero.
Para Sutherland, no puede existir una transición democrática real si millones de venezolanos siguen trabajando a cambio de nada, sin capacidad de consumo ni seguridad social garantizada.
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