Policías y militares extorsionan con hasta $ 5.000 al mes a productores agropecuarios por tránsito de alcabalas

Las caras de la extorsión en Venezuela se multiplican en puntos de control y alcabalas del país debido a la corrupción que reina en los organismos de seguridad, según difunde Transparencia Internacional en su más reciente estudio.

Migrantes que ingresan al país, productores y transportistas de diversos rubros son las principales víctimas.

Lo ocurrido con Omar Rodríguez, el pasado 13 de abril, representa el principal temor de quienes aspiran a ingresar vía terrestre para visitar el país tras años de ausencia o para acompañar a la familia tras un momento complejo de salud de algún miembro o por razones tan dolorosas como la muerte de un ser querido.

Rodríguez fue víctima de un robo con vestimenta de extorsión en la Alcabala de Sinamaica por parte de tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).Los uniformados lo despojaron de 1.435 dólares, le requisaron la laptop y lo amenazaron con detenerlo por usurpación de identidad.

De acuerdo con el más reciente estudio de Transparencia Internacional, la extorsión es ineludible en cualquier situación que involucre interacción entre los funcionarios públicos y los ciudadanos. “Es parte de la cultura de su gestión”, se lee en el documento.

El muchacho había reunido el dinero para ayudar a un familiar enfermo. Y tras lo sucedido, hizo la denuncia en redes sociales que terminó con la aprehensión de los agentes vinculados.

Sin embargo, el riesgo fue la denuncia. Y no siempre deriva en un final feliz.

Productores, sitiados

Transparencia Internacional pone bajo la lupa a los productores agropecuarios. El estudio reporta que son víctimas de acusaciones falsas.

De acuerdo con los testimonios recabados les exigen cuotas que oscilan entre los 3.000 y 5.000 dólares.

Los pequeños productores del campo, que distribuyen su mercancía en el centro del país, disponen de bolsas de alimentos en la parte trasera de sus vehículos de transporte para entregarlas a los militares y policías en los puntos de control o alcabalas, con lo que evitan inspecciones irregulares de la carga y retrasos en su trayecto”, destaca en el estudio.

Transparencia Internacional a inicios de 2024 al estado Táchira, limítrofe con Colombia, permitió verificar cómo la extorsión se ha profesionalizado, pues las compañías que transportaban mercancías “prepagaban” a los cuerpos de seguridad y defensa del Estado el monto que estos les exigían antes de emprender sus rutas de distribución, para que al llegar a los puntos de control no los retuvieran.

También se han registrado casos en los que se exige a los particulares que transitan por zonas fronterizas una cuota por llevar consigo “divisas”, aunque se trate de dinero que está destinado a sus gastos personales.

Trampas móviles

En una visita de campo al estado Zulia se constató de primera mano cómo un funcionario de la policía pedía ‘un dólar’ para comer.

También hay registro de casos en los que la exigencia es un paquete de algún producto como harina o arroz, un desayuno o una merienda”, resalta en el informe de Transparencia Internacional.

De acuerdo con un análisis realizado en conjunto con Ecoanalítica resalta una alta probabilidad de extorsión en las alcabalas dispuestas en el territorio venezolano, que se incrementa principalmente en las vías del occidente.

Según el estudio aplicado, se estima que, si se transita por 100 puestos de seguridad en un momento determinado, en 25 de estos se presentará un acto de extorsión.

Un ejemplo emblemático de extorsión policial difundido por la ONG no tiene que ver con la tragedia cotidiana de transportistas o migrantes.

Es el que involucra a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que fueron señalados de cobrar vacuna a los habitantes de La Cota 905, en Caracas, luego que esa comunidad fuera liberada del terror de la megabanda criminal de “El Koki”, en 2021.

Además, se identificaron algunos relatos en redes sociales de víctimas que se atrevieron a dejar su testimonio sobre la constante extorsión de policías en calles y avenidas de Caracas.

En las cárceles no solo extorsionan a los privados de libertad, como lo dejó ver un informe de la organización Fundaredes de marzo de 2024.

Los datos señalan además a los funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes exigen pagos para permitir el acceso de alimentos, medicinas, autorizar visitas y otros beneficios.

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