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Jueza ordena a la administración Trump frenar redadas migratorias ‘indiscriminadas» en California

Una jueza federal ordenó el viernes al gobierno del presidente Donald Trump «cesar de inmediato los arrestos indiscriminados» de inmigrantes en siete condados de California, entre ellos Los Ángeles y Ventura, tras una demanda presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

Según Associated Press, la decisión de la jueza Maame E. Frimpong responde a denuncias de redadas masivas ejecutadas por agentes federales en comunidades predominantemente latinas del sur del estado.

La demanda alega que las operaciones migratorias se han dirigido de manera sistemática contra personas de piel morena, muchas de ellas detenidas sin orden judicial y sin acceso a representación legal.

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Entre los demandantes figuran tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses. Uno de ellos, según la denuncia, fue retenido «pese a haber mostrado una identificación válida».

Ordenó restablecer el acceso de abogados a centros de detención

De acuerdo con testigos, los agentes realizaron detenciones en lavaderos de autos, estacionamientos de tiendas y centros laborales, enfocándose en personas que “parecían hispanas”.

«La evidencia presentada revela un patrón claro de violaciones a la Cuarta y Quinta Enmienda”, escribió la jueza Frimpong, quien también ordenó restablecer el acceso de abogados a las instalaciones del centro de detención B-18, ubicado en el centro de Los Ángeles, y garantizar a los detenidos llamadas confidenciales con sus representantes legales.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denunció que los operativos han estado motivados por “cuotas arbitrarias de arrestos” y se basan en “estereotipos raciales y étnicos”.

En uno de los casos citados, tres jornaleros fueron detenidos únicamente por ser latinos y vestir ropa de trabajo. En otro incidente, solo dos empleados blancos no fueron detenidos durante una redada en un lavadero de autos.

La jueza especificó que el gobierno federal no podrá utilizar como criterios de sospecha razonable el color de piel, el idioma hablado, el acento, el tipo de trabajo ni la presencia en determinados lugares, como grúas o ferreterías.

Desde hace semanas, las redadas han generado un clima de temor en comunidades inmigrantes del sur de California. El reciente operativo en una granja de cannabis en el condado de Ventura, mientras se celebraba una audiencia judicial, terminó con varios heridos tras enfrentamientos entre agentes y manifestantes.

Reacciones

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, rechazó el fallo. “Ningún juez federal tiene autoridad para dictar políticas migratorias. Esa responsabilidad recae en el Congreso y el presidente”, señaló en un comunicado, calificando la decisión judicial como “una grave extralimitación de funciones”.

Por su parte, el abogado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Sean Skedzielewski, defendió las acciones de los agentes.

“Las operaciones son específicas y se basan en vigilancia previa y paquetes individualizados. Se cumple con lo dispuesto por la Cuarta Enmienda”, sostuvo.

Sin embargo, abogados de derechos civiles alegan que los detenidos han sido trasladados a centros sin acceso a alimentos adecuados, camas suficientes ni comunicación con abogados.

“Este ambiente coercitivo busca presionar a las personas para que acepten la deportación sin asesoría legal”, afirmó el abogado Mark Rosenbaum.La orden judicial también recibió el respaldo de fiscales generales de 18 estados liderados por demócratas, quienes presentaron escritos en apoyo a la demanda.

Contexto legal y futuro del caso

La resolución emitida por Frimpong tiene carácter temporal y estará vigente mientras el proceso legal continúa.

No obstante, establece un precedente importante en la protección de los derechos de las comunidades inmigrantes frente a prácticas que, según sus defensores, violan principios constitucionales fundamentales.

Esta no es la primera vez que un tribunal frena operativos de este tipo. En abril, otro juez federal ya había restringido los arrestos migratorios sin orden judicial en el este de California.

El futuro de la orden dependerá de las próximas etapas del proceso judicial, así como de posibles apelaciones por parte del gobierno federal.

Mientras tanto, las comunidades afectadas respiran un breve alivio tras semanas de tensión y miedo.

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