Solo 11,6 % de las solicitudes de visa especial para venezolanos han sido aprobadas en Colombia
A siete meses de su entrada en vigor, la Visa de Visitante Especial (V), creada por el Gobierno de Gustavo Petro como mecanismo de regularización migratoria, apenas ha beneficiado a una mínima fracción de los solicitantes.
De acuerdo con datos obtenidos por la Revista Semana mediante derecho de petición al Ministerio de Relaciones Exteriores, solo el 11,6 % de las solicitudes han sido aprobadas desde diciembre de 2024.
Esta baja tasa de aprobación ha dejado a miles de migrantes venezolanos en condición de irregularidad, justo en un contexto en el que se desmontaron mecanismos anteriores como el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y el Estatuto Temporal de Protección, que ofrecían vías más accesibles para la regularización.
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El nuevo trámite exige múltiples requisitos, entre ellos certificados de ingresos, títulos académicos, movimientos migratorios y documentos apostillados, muchos de los cuales deben ser tramitados en instituciones venezolanas que operan de forma limitada o se encuentran paralizadas.
«La mayor consecuencia para los venezolanos es la no garantía de derechos y la poca inclusión laboral. Todavía hay entre 1,2 y 1,5 millones de personas que no están registradas ni regularizadas”, advirtió César González, abogado de la ONG Plan País.
En septiembre de 2024, el Gobierno también anunció el Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP-Tutor).
Sin embargo, hasta la fecha no ha sido implementado, dejando en el limbo a familias venezolanas con responsabilidades de cuidado.Tampoco el estatus de refugiado representa una alternativa viable.
Desde 2015, más de 64.000 solicitudes han sido presentadas ante la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, pero los tiempos de espera pueden extenderse hasta tres años, y la mayoría de los casos no han sido aceptados.
En medio de este panorama, miles de venezolanos, entre ellos defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos, siguen aguardando una oportunidad de protección y estabilidad en Colombia.
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