Un año de cárcel para español que insultó a venezolano
La resolución judicial ratifica además una multa de 3.240 euros y el pago de una indemnización de 1.000 euros a la víctima por los daños morales causados.
El tribunal desestimó el recurso del agresor, quien en septiembre de 2023 increpó al trabajador con expresiones xenófobas como «machupichu de mierda» y «vete a tu puta tierra» mientras este cumplía con sus labores profesionales en la localidad de Sestao.
La Sala de lo Civil y Penal determinó que los hechos constituyen un delito de odio conforme al Código Penal español, al considerar que las agresiones verbales no fueron insultos aislados, sino un ataque directo a la dignidad de la persona basado en su origen nacional.
Según el fallo judicial, el condenado no solo utilizó un lenguaje denigrante, sino que también mantuvo una actitud hostil y amenazante que obligó al operario a retirarse del lugar.
Los magistrados subrayaron que este tipo de conductas buscan «menospreciar y menoscabar la integridad moral» de colectivos específicos, lo cual no está amparado por la libertad de expresión en este 2026.
Precedente judicial contra la xenofobia y el racismoLa ratificación de esta condena ha sido recibida como un avance significativo por las organizaciones de defensa de los derechos humanos en España, que denuncian un aumento en los incidentes de intolerancia hacia la comunidad inmigrante.
El tribunal consideró que el testimonio del trabajador venezolano fue sólido y coherente, desvirtuando la presunción de inocencia del acusado frente a la gravedad de las pruebas presentadas.
La sentencia reafirma que la justicia española actuará con firmeza ante cualquier acto de discriminación racial o étnica en el ámbito laboral y social.
Este caso resuena en un contexto internacional de alta sensibilidad migratoria, mientras la comunidad venezolana en el exterior observa con atención el respeto a sus derechos civiles en las naciones de acogida.
Mientras Estados Unidos y la Unión Europea ajustan sus políticas de integración, el fallo sienta un precedente de protección jurídica para los ciudadanos extranjeros en territorio español.
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