Cancillería venezolana rechaza informe de HRW sobre Venezuela

El informe de Human Rights Watch (HRW), que se dio a conocer el jueves 13 de enero, refleja que América Latina atraviesa en este momento algunos de los desafíos más graves en materia de derechos humanos y advierten que se registró un retroceso a las libertades fundamentales en la región
El ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, rechazó el jueves 13 de enero el informe sobre Venezuela de la organización Human Rights Watch (HRW) en el que se hace una radiografía de lo ocurrido en nuestro país en materia de DDHH.
A través de sus redes sociales, Plasencia se dirige directamente a José Miguel Vivanco, saliente director para las Américas de HRW, diciéndole que es un informe elaborado «para satisfacer a sus financistas» y considera que el dossier preparado por la organización sobre Venezuela «está lleno de impresiones».
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De igual forma, el canciller venezolano reprocha que en el informe de HRW no se hable de los «nocivos efectos» de las sanciones impuestas sobre nuestro país por parte de EEUU y otras naciones, calificando al final todo el texto de «mitomanía pura».
Para el Estado venezolano, Vivanco «ha mantenido una sistemática postura irresponsable y alineada a los intereses de Washington en asuntos internos de Venezuela», que en varias ocasiones ha sido rechazada por la administración de Nicolás Maduro, refiere una nota de la Cancillería.
El informe de HRW, que se dio a conocer el jueves 13 de enero, refleja que América Latina atraviesa en este momento algunos de los desafíos más graves en materia de derechos humanos y advierten que se registró un retroceso a las libertades fundamentales en la región, hecho que se calificó de «alarmante».
Respecto al capítulo de Venezuela, el informe de HRW resaltó hitos importantes ocurridos en Venezuela durante 2021 como la apertura de una investigación formal por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en el país por parte de la Corte Penal Internacional, los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que se concluye que las autoridades judiciales habían sido cómplices de abusos aberrantes.
También lo que registró la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en las elecciones del 21 de noviembre respecto a inhabilitaciones, desigualdad en el acceso a los medios de comunicación, la falta de independencia judicial y de respeto al estado de Derecho, persecución y tortura contra quienes disienten del gobierno, ejecuciones extrajudiciales, daños al medio ambiente, entre otras cosas.
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