Aprueban ley en Colombia que sanciona a la prensa por denunciar corrupción

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también había alertado la semana pasada del peligro que entraña este proyecto de ley y pidió que se eliminase

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó en segundo debate un artículo de una nueva ley anticorrupción que enmendará el Código Penal para aumentar las penas de injurias y calumnias a funcionarios públicos, lo que según asociaciones de prensa abre la puerta a sanciones por la labor periodística.

En total, 73 congresistas rechazaron a última hora del lunes con su voto una proposición que buscaba eliminar el artículo 68 del proyecto de ley anticorrupción, que contiene el aumento de penas y modifica el Código Penal. La Cámara de Representantes tiene 171 miembros, pero en el momento de la votación para no eliminar ese polémico artículo, los 73 eran mayoría

«El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses», dice el artículo de la futura ley anticorrupción, que sigue su trámite legislativo.

El Código Penal colombiano actualmente estipula la calumnia y la injuria de forma general y no solo para servidores públicos con penas de prisión de 16 a 72 meses, después de otra enmienda de 2004.

«No se había aprobado, en las últimas décadas, una disposición legal tan regresiva contra la prensa como la que aprobó la Cámara anoche», aseguró este lunes el director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Jonathan Bock, que considera que «lo que votaron 73 congresistas abre la puerta a sanciones y represión como la que existe en Venezuela o Nicaragua».

«¡Es censura; una vergüenza!», lamentó Bock. La FLIP ya había pedido que se eliminase dicho artículo del proyecto de ley anticorrupción porque «viola las garantías básicas de la libertad de expresión al impartir medidas penales desproporcionadas».

«La libertad de expresión no puede verse menoscabada por la presunta vulneración a la moral de un o una funcionaria», denunció la FLIP en un comunicado.

También se imponen multas millonarias, de hasta 1.359 millones de pesos (unos 345.000 dólares), para quienes sean condenados por estos nuevos delitos.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también había alertado la semana pasada del peligro que entraña este proyecto de ley y pidió que se eliminase porque representa un «peligro similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas».

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que la institución luchó muchas décadas en América Latina para «erradicar las leyes de desacato o leyes de insulto que servían a los gobiernos para blindar a sus autoridades y funcionarios ante las críticas e investigaciones de la prensa».

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