Tensión entre Perú y México: 72 horas tiene el embajador mexicano para dejar el país

Este miercoles, Lilia Paredes Navarro, la esposa del expresidente de Perú, Pedro Castillo -quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de diciembre tras intentar disolver el Congreso-, y sus dos hijos llegaron a México, país que les ha concedido asilo político.

El gobierno de Perú le había otorgado el martes un salvoconducto a Paredes Navarro y a sus hijos, que estuvieron unas horas en la embajada mexicana en Lima antes de su viaje.

Tras la concesión del salvoconducto, el gobierno del Perú declaró persona no grata al embajador de México, Pablo Monroy Conesa, y le dio 72 horas para que abandone el país, una medida que en el mundo de la diplomacia no es frecuente y suele tomarse en casos extremos.

«Esta decisión se sustenta en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que establece la facultad del Estado receptor de declarar persona non grata a un jefe de misión extranjero», señaló en un comunicado la cancillería peruana.

Las últimas dos semanas en Perú han estado marcadas por las protestas de seguidores de Pedro Castillo que piden disolver el Congreso y restituir al expresidente.

También indicaron que la decisión responde a «las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (México) sobre la situación política en el Perú».

Por su parte, la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, dijo ante la prensa que otorgaron el salvoconducto a la familia de Castillo en atención a sus «obligaciones internacionales».

Sin embargo, remarcó que se informó al gobierno de México de que Lilia Paredes Navarro «se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como autora del delito de organización criminal, previsto y sancionado en el artículo 317 del Código Penal del Perú», por el supuesto cobro de sobornos en la concesión de obra pública.

La concesión del asilo a los familiares de Castillo por parte de México ha afectado las ya deterioradas relaciones diplomáticas entre ambos países.

Tras la detención el 7 de diciembre de Castillo -quien es investigado, entre otros, por los delitos de «rebelión y conspiración»-, el gobierno mexicano expresó su apoyo al exlíder peruano, al que sigue considerando presidente, y atribuyó los procesos en su contra y su destitución a maniobras ilícitas de la oligarquía económica de Perú.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, consideró la detención del expresidente «ilegal» y aseguró este lunes su disposición a recibirlo junto a su familia y «todos los que se sientan perseguidos en Perú».

Hace unos días la canciller peruana informó que los embajadores de Argentina, Bolivia, Colombia y México serían llamados a consultas por sus comentarios sobre la crisis política que vive el Perú.

Cactus24