Trump asegura que no necesita permiso para atacar a narcos en Latinoamérica

Donald Trump volvió a encender la polémica en Washington al sostener que no requiere autorización del Congreso para realizar ataques militares contra presuntos grupos del narcotráfico en América Latina.

De acuerdo con un reporte de The Washington Post, su administración ha intensificado operaciones con drones, barcos y tropas, amparándose en una interpretación legal que excluye estas acciones de la categoría de “hostilidades” contempladas en la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.

El argumento central proviene de T. Elliot Gaiser, jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la Casa Blanca, quien afirmó ante legisladores que estos operativos no requieren aval del Congreso porque no implican riesgo directo a tropas estadounidenses.

Según esta postura, ataques a distancia, con misiles, drones o armamento de largo alcance, no violarían la ley aprobada tras la Guerra de Vietnam, la cual obliga al presidente a notificar y justificar cualquier intervención militar sostenida.

Mientras el debate legal continúa, los hechos en el terreno muestran un aumento de la actividad militar. Desde el 2 de septiembre, fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques en el Caribe y el Pacífico oriental, presuntamente contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Informes extraoficiales indican decenas de muertos, aunque ni el número de bajas ni la identidad de los objetivos ha sido confirmada por el Pentágono, recoge La Tribuna de México.

El Congreso fue notificado el 4 de septiembre, lo que activó el plazo legal de 60 días para aprobar, limitar o detener las operaciones militares.

Ese periodo vence hoy, sin señales de que la Casa Blanca reduzca sus acciones. Actualmente, Estados Unidos mantiene en la zona ocho buques, un portaaviones y aviones de combate como los F-35 desplegados en Puerto Rico. Además, se ha reportado presencia militar cerca de Venezuela.

Trump ha dejado entrever que las operaciones podrían extenderse a territorio venezolano, aunque públicamente lo negó frente a reporteros.

Pese a esas declaraciones, funcionarios del Congreso aseguran que el Departamento de Defensa ha considerado escenarios de intervención terrestre, lo que ha generado tensión incluso entre legisladores republicanos y demócratas.

Expertos legales como Brian Finucane, exasesor del Departamento de Estado, cuestionan seriamente la postura del gobierno. Consideran que eludir al Congreso constituye una violación constitucional y un precedente peligroso, especialmente al emplearse contra grupos que no representan Estados formalmente en guerra con Estados Unidos.

Finucane advierte que nunca antes se había utilizado esta interpretación legal para justificar ataques contra civiles señalados solo por supuestos vínculos criminales.

En el Congreso también crece el descontento por la falta de transparencia. Senadores como Mark Warner y Jack Reed denunciaron que el Pentágono retrasó la entrega de documentos legales y listas de objetivos.

En la Cámara de Representantes, legisladores revelaron que funcionarios abandonaron reuniones cuando se les exigieron detalles sobre la inteligencia utilizada o la relación de los ataques con el tráfico de fentanilo, droga que, según informes internos, ni siquiera es la principal en las operaciones: sigue predominando la cocaína.

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