Venezolana enfrenta cadena perpetua por el secuestro de bebé recién nacida: reveló el motivo del crimen
Una joven venezolana enfrenta una condena que podría ir desde los 20 a 30 años de prisión, por su responsabilidad en el secuestro de una bebé recién nacida.
La acusada responde al nombre de Yusmeli del Carmen Hernández Ysturis, de 20 años de edad, quien permanece bajo custodia de las autoridades, desde su captura, el pasado viernes 29 de agosto.
De acuerdo con los reportes policiales, la mujer se hizo pasar por una enfermera del hospital Belén, en la ciudad de Trujillo, Perú, para sustraer a la niña.
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El medio local Panamericana indicó que la División de Investigación Criminal del Complejo Policial CAP «Alcides Vigo Hurtado» mantiene tras las rejas a la venezolana de manera preventiva.
La mujer enfrenta cargos por el delito de secuestro y la Policía no descarta que pudiera estar vinculada con un presunto caso de trata de personas.
Venezolana rapta a la bebé por un insólito motivo
Las autoridades revelaron que Hernández tomó a la bebé de los brazos de su madre, tras planificar su engaño, el pasado 29 de agosto.
Se pudo conocer que la venezolana tenía un insólito motivo para cometer el crimen, pues las investigaciones permitieron determinar que la mujer intentaba retener a su pareja al fingir un embarazo.
Para culminar su plan, raptó a la bebé con la intención de hacerla pasar por la hija de su pareja.
El gerente regional de Salud, Aníbal Morillo Arqueros, detalló que la acusada pasó dos filtros de seguridad del hospital para ingresar.
Por la gravedad del delito, pidió que la implicada sea sancionada con la máxima pena de ley (cadena perpetua).
El Perú, la sanción por secuestro va desde los 20 a 30 años de prisión; sin embargo, al tratarse de una menor de edad, la máxima pena sería cadena perpetua.
La policía busca conocer si la mujer actuó sola o con algún cómplice.
Trata de personas mantienen en alerta a las autoridades
En los últimos años, las autoridades peruanas han alertado sobre el aumento de la trata de personas en distintas regiones de ese país, situación que se presenta con mayor frecuencia en las fronteras.
Al respecto, Lupe Gómez, defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú (MINJUSDH), indicó en el sitio oficial de la entidad que la trata de personas es un delito que consiste en captar, retener, trasladar, acoger, retener a una persona mediante engaños, fraude, violencia o cualquier otra forma que afecte su vulnerabilidad.
La finalidad es explotar a las víctimas laboralmente o sexualmente, así como para vender sus órganos o para la mendicidad.
Asimismo, precisó que el art.129 del código penal señala que la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la retención son conductas de delito de trata de personas.
El caso de la venezolana Yusmeli Hernández encendió las alarmas sobre la práctica de esta actividad delictiva, enfocada en la captación de infantes.
Autridades no descartan que el hecho pudiera estar relacionado con bandas dedicadas al tráfico humano, debido a los antecedentes que se han presentado en el país.
Para finales del año pasado, una mujer venezolana, quien fue víctima de trata de personas y trasladada hasta el territorio peruano bajo falsas promesas de un trabajo, reveló detalles sobre cómo las bandas secuestran a menores de edad explotarlos.
La mujer fue retenida en un búnker en San Juan de Lurigancho (Lima) y explotada sexualmente bajo amenazas, mientras sus dos hijas eran mantenidas cautivas en un lugar llamado “guardería”.
La venezolana, quien fue detenida y acusada por delitos como secuestro, tenencia ilegal de armas y venta de drogas, fue separada de sus hijas, quienes continuaron bajo el control de la organización criminal.
Pocos meses después de su captura, la policía logró recuperar a su hija menor, de solo siete meses de nacida.
Este caso se registró como el primer incidente conocido de secuestro de menores para coaccionar a sus familiares en ese país.
El secuestro se le atribuyó al grupo criminal Los Gallegos, el cual tenía como objetivo forzar a las madres de menores de edad a trasladarse hasta Trujillo, para explotarlas sexualmente.
2001
