Afirman que Ley Bolívar de EEUU es un proyecto para presionar a Maduro e impulsar la transición en Venezuela

Aunque la legislación es un complemento de las sanciones existentes por parte de Estados Unidos, tiene excepciones de carácter humanitario para permitir cualquier apoyo que contrarreste la crisis social y económica del país

Caracas.- Estados Unidos envió un mensaje sobre cómo continuará su política exterior con el Gobierno venezolano: Seguir presionando a Nicolás Maduro. La aprobación de la Ley bipartidista de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el actual gobierno de Venezuela (Ley Bolívar) busca fracturar al oficialismo de cara al 10 de enero y reivindicar los resultados de las elecciones del 28 de julio.

Según el analista político Antonio De La Cruz, el proyecto impulsado por el congresista republicano Mike Waltz y su homóloga demócrata Debbie Wasserman demuestra que el caso venezolano es relevante para ambos partidos políticos. Por eso su meta es establecer un gobierno legítimo y democrático en el país.

Según el analista político Antonio De La Cruz, el proyecto impulsado por el congresista republicano Mike Waltz y su homóloga demócrata Debbie Wasserman demuestra que el caso venezolano es relevante para ambos partidos políticos. Por eso su meta es establecer un gobierno legítimo y democrático en el país.

“Refuerza el compromiso de Estados Unidos con la democracia y los derechos humanos en Venezuela al cortar cualquier apoyo indirecto hacia Maduro, subrayando que no se tolerará la represión antidemocrática ni la corrupción”, afirmó en una entrevista telefónica con El Pitazo este 19 de noviembre.

Esencia e impacto

La mayoría de la Cámara de Representantes aprobó el 18 de noviembre una ley que busca congelar cualquier activo adicional que pueda recibir el oficialismo venezolano, por medio de sus negocios con empresas extranjeras.

De La Cruz señaló que el propósito de privar a un gobierno ilegítimo de recursos económicos limita su capacidad de reprimir a los ciudadanos. Tras las elecciones, más de 2.400 personas fueron detenidas y hubo 24 asesinados producto de la represión. La decisión de los congresistas llega casi cuatro meses después de los comicios.

“No es solo con Maduro, sino con cualquiera que no tenga una legitimidad de origen y no sea reconocido por Estados Unidos”, precisó. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó al mandatario con la publicación de dos boletines sin resultados detallados y con la oposición venezolana justificando su victoria a partir de las actas electorales. “Tiene un impacto porque exige un gobierno producto de las elecciones”, añadió.

Esta iniciativa también refuerza las sanciones existentes, ya que puede abarcar empresas que estén fuera de las licencias y de la cobertura de las prohibiciones emitidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

“Las empresas deberán tomar una decisión, ya sea romper su relación comercial con el Gobierno venezolano para mantener sus acuerdos con Estados Unidos o quedarse haciendo negocios con Maduro”, apuntó De La Cruz.

Al hablar de “operaciones de negocios” o comerciales, la ley se refiere a la adquisición, el desarrollo, mantenimiento, apropiación, posesión, arrendamiento y venta. Además, prohíbe operar equipos e instalaciones, así como proveer personal, productos, bienes muebles e inmuebles, y “cualquier otro aparato de negocios o comercio”.

Con la intención de no afectar al pueblo venezolano, también especifica excepciones de carácter humanitario. Por ejemplo, si hay un programa de ayuda humanitaria para enfrentar la crisis social y económica este no será condenado. Tampoco en los casos de proporcionar ayuda en desastres naturales, llevar a cabo evacuaciones de no combatientes y cualquier otra medida urgente para salvar vidas.

De La Cruz señaló que, para maximizar el impacto de esta medida, Estados Unidos “debe seguir sancionando a aliados clave de Maduro, como las empresas chinas y rusas”. Si bien reconoció que influiría en la adquisición de recursos del Estado venezolano, recordó que la crisis en los servicios públicos que hay en el país no se debe a las sanciones.

“Eso ha sido por la falta de mantenimiento de las instalaciones, lo vemos en la industria petrolera. Hay un uso excesivo de los activos sin tomar en cuenta una política de confiabilidad operacional, por eso hay accidentes y fallas mayores en equipos importantes”, apuntó.

El analista aseguró que a Maduro le interesa que los venezolanos tengan necesidades porque así ejerce un control social. “Es su mecanismo para mantenerse en el poder”, dijo. Por eso reflexionó sobre qué debe hacer la ciudadanía ante esta iniciativa de Estados Unidos y dijo que tiene que concretar el triunfo del 28 de julio, ya que con un gobierno democrático, la ley perdería su vigencia.

Caso Rosneft

En la primera administración de Donald Trump como presidente, entre 2017 y 2021, emitió una orden ejecutiva en agosto de 2019 que prohibió hacer negocios con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Esto obligó a Rosneft, una empresa petrolera rusa que tenía acuerdos con el oficialismo, a retirarse del territorio nacional en marzo del 2020.

“Fue la entidad que se encargó, en esa primera etapa después de las sanciones, de exportar el crudo venezolano a refinerías de occidente”, recordó el especialista en economía y petróleo.

En ese primer período presidencial de Trump, la petrolera concluyó que su relación con el Gobierno de Maduro era más prescindible que los negocios que podía tener sin las sanciones estadounidenses. De La Cruz explicó que el vínculo le significó un riesgo por su cotización en la bolsa de valores de Frankfurt y Londres. “Empezó a perder la calidad de calificación y la cotización de su acción, por eso se retiró”, comentó.

Si la iniciativa bipartidista es aceptada por el Senado y firmada por Biden, Maduro recurrirá a sus principales aliados para contrarrestar el efecto de la misma: China y Rusia. Incluso, el analista aseguró que también optará por actividades ilícitas para evadir las sanciones y así obtener recursos, “como ya ha hecho en el pasado”.

En ese contexto, se plantea el dilema para las empresas internacionales de arriesgarse y seguir negociando con el Gobierno venezolano, o retirarse y restar los apoyos que tenga Maduro.

En el segundo escenario, el debilitamiento del oficialismo sería una victoria para la oposición. Pero, según De La Cruz, el éxito de los esfuerzos conjuntos dependerá de cómo se planteen las próximas cartas. Aunque la Ley Bolívar refuerza el compromiso de Estados Unidos con la democracia y los derechos humanos, “la solución real pasa por Venezuela”.

Las reacciones

Al ser una amenaza para sus intereses, el Gobierno de Maduro respondió este 19 de noviembre al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Por medio de un comunicado, el canciller Yvan Gil calificó la propuesta como un “ataque criminal”.

Tras ganar las elecciones presidenciales el pasado 5 de noviembre, Trump ha ido marcando la hoja de ruta de lo que será su política exterior con Venezuela. La designación de Marco Rubio como secretario de Estado fue un primer paso. Ahora Waltz, quien será el nuevo asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, es uno de los impulsores de la Ley Bolívar.

“Cuando se aprobó la ley, él (Waltz) destacó que el Gobierno de Maduro es ilegítimo. Ya lo califica así, como autoritario, porque ha reprimido violentamente a la oposición”, recalcó De La Cruz.

Otra de las congresistas del Partido Republicano que respaldó y votó a favor de la ley fue María Elvira Salazar, quien subrayó la importancia de “cortar un salvavidas financiero adicional para el aparato represivo del régimen de Maduro”.

El Pitazo