Supremo de EE. UU decidiría este 1de abril si elimina ciudadanía por nacimiento
Se estima que aproximadamente 250.000 de los cerca de 3,6 millones de niños que nacen cada año en Estados Unidos provendrían de padres en esta situación.
Una decisión favorable a la orden ejecutiva podría afectar a cientos de miles de personas y modificar una interpretación constitucional vigente desde hace más de un siglo.
La Corte Suprema de Estados Unidos inicia este miércoles primero de abril los argumentos orales sobre la constitucionalidad de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en su primer día de regreso a la Casa Blanca, que pretende restringir la ciudadanía automática para niños nacidos en territorio estadounidense de padres indocumentados o con estatus migratorio temporal.
Se estima que aproximadamente 250.000 de los cerca de 3,6 millones de niños que nacen cada año en Estados Unidos provendrían de padres en esta situación.
Una decisión favorable a la orden ejecutiva podría afectar a cientos de miles de personas y modificar una interpretación constitucional vigente desde hace más de un siglo.
La orden ejecutiva busca reinterpretar la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución, aprobada tras la Guerra Civil. Esta establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.
La interpretación actual, consolidada en 1898 por la Corte Suprema en el caso Wong Kim Ark (hijo de inmigrantes chinos nacido en EE. UU.), reconoce la ciudadanía por nacimiento prácticamente a todas las personas nacidas en suelo estadounidense, con excepciones muy limitadas como los hijos de diplomáticos o de fuerzas de ocupación.
La enmienda fue diseñada originalmente para garantizar la ciudadanía a los hijos de esclavos liberados tras la Guerra Civil. Desde entonces, este principio ha formado parte de la práctica institucional del país durante casi 130 años.
Hasta ahora, la orden ejecutiva ha sido bloqueada por varios tribunales federales. Jueces en New Hampshire, Washington, California y Massachusetts han considerado que el decreto entra en conflicto con la Decimocuarta Enmienda, con la jurisprudencia establecida y con más de 150 años de historia constitucional.
Los demandantes, en una acción colectiva, argumentan que la medida intenta “matizar y limitar el lenguaje claro” de la Constitución y que su aplicación generaría una “tarea burocrática imposible”, ya que obligaría a verificar el estatus migratorio de los padres de millones de recién nacidos cada año.
Expertos consultados coinciden en que revertir este precedente representa un desafío significativo, incluso para una Corte Suprema de mayoría conservadora.
El profesor Carlos Díaz Olivo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, señala que los jueces suelen ser más reacios a modificar precedentes antiguos del siglo XIX, a diferencia de casos que involucran decisiones más recientes.
Por su parte, el abogado de inmigración Alex Gálvez considera sorprendente que el caso haya llegado a la máxima instancia, dado que no existía división de opiniones en las cortes inferiores.
“Generalmente, la Corte Suprema no toma un caso si no hay conflicto entre tribunales”, afirma.Díaz Olivo reconoce cierta racionalidad en el argumento de que nacer en EE. UU. puede ser un “accidente” y que muchos países no otorgan ciudadanía automática, pero advierte que una medida de este tipo rompería con valores de estabilidad y certidumbre en el Estado de derecho.
Para la administración Trump, la ciudadanía por nacimiento actúa como un incentivo a la inmigración ilegal y al llamado “turismo de maternidad”.
El presidente ha defendido públicamente que la enmienda original se refería a los hijos de esclavos y no a situaciones migratorias actuales.De aprobarse la orden, no se aplicaría de forma retroactiva, pero sí afectaría a los nacimientos posteriores.
Los críticos advierten que generaría incertidumbre en hospitales, registros civiles y gobiernos estatales a la hora de emitir certificados de nacimiento y documentos de identidad.
La sentencia de la Corte Suprema se espera para finales de junio o principios de julio de 2026. Una decisión a favor de Trump enviaría un mensaje sobre los límites del poder ejecutivo, mientras que un rechazo reforzaría el precedente histórico.
Este caso forma parte de las prioridades migratorias de la actual administración y podría tener implicaciones más amplias en otras políticas relacionadas con la inmigración y los derechos civiles.
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