CIDH exige a Venezuela la liberación “inmediata e incondicional” de presos políticos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un enérgico pronunciamiento en el que exige al Estado venezolano la publicación transparente de las listas de personas privadas de libertad por motivos políticos, así como de los ciudadanos beneficiados por medidas de gracia.
El organismo internacional enfatizó que las autoridades deben proceder de manera “inmediata e incondicional” a la liberación de todos los presos políticos en el país.
A través de un comunicado oficial, la CIDH manifestó su profunda preocupación por la vigencia de patrones represivos en el territorio nacional.
Según el texto, continúan recibiéndose denuncias alarmantes sobre detenciones arbitrarias y el “empleo discrecional y excesivo de la prisión preventiva”, mecanismos que, a juicio del organismo, son utilizados por el gobierno como herramientas de control social, censura y represalia política, vulnerando flagrantemente el debido proceso y la protección judicial.
Denuncias de tortura y amnistía de “alcance limitado”
El documento técnico de la comisión resalta que la represión estatal mantiene prácticas sistemáticas severas, entre las que enumeró la desaparición forzada de personas, la tortura, la incomunicación prolongada y la denegación sistemática de atención médica a los internos.
Respecto al panorama de los detenidos, la CIDH contrastó las cifras institucionales con los registros independientes.
Datos de la organización no gubernamental Foro Penal reflejaban la existencia de al menos 454 presos políticos hasta el cierre del mes de abril de 2026.
Si bien el organismo reconoció que se han dado algunos pasos en materia de excarcelaciones, sentenció que la Ley de Amnistía —promulgada el pasado 19 de febrero— ha tenido un “alcance limitado y una aplicación reducida”.
Mientras los voceros gubernamentales reportaron más de 8.000 personas beneficiadas por el decreto, los monitoreos de la sociedad civil organizada demostraron que apenas 186 ciudadanos recibieron libertad plena, mientras que otros 554 fueron excarcelados bajo medidas cautelares restrictivas que limitan su libre tránsito y derechos civiles.
Asimismo, la Comisión reafirmó su más firme condena ante los recientes decesos de ciudadanos ocurridos bajo la custodia del Estado. El ente multilateral expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas, haciendo mención explícita a los casos de Víctor Hugo Quero, Alfredo Díaz y Lindomar Amaro.
En este sentido, reiteró el llamado urgente a frenar las detenciones arbitrarias y a garantizar el acceso pleno, público y verificable a la información oficial.
Finalmente, el organismo hizo un doble exhorto: por un lado, instó a las autoridades que detentan el poder en Caracas a iniciar un proceso real de restauración del orden democrático.
Por el otro, apeló a la comunidad internacional para que incremente las exigencias que permitan la celebración de comicios libres, justas y transparentes, señalando que para alcanzar dicho escenario resulta “crucial fijar, sin dilaciones, la fecha de las elecciones presidenciales y demás cargos de elección popular” correspondientes al periodo constitucional.
El Regional del Zulia
