Gremios agropecuarios exigen mayor inversión ante el nuevo acuerdo petrolero con EE. UU.
La reciente consolidación de acuerdos estratégicos para la exploración y producción de hidrocarburos con empresas de Estados Unidos ha reabierto un debate histórico sobre la priorización de recursos en la agenda económica nacional. Mientras el Gobierno busca fortalecer la caja fiscal y asegurar la soberanía energética mediante la atracción de capitales estadounidenses, los principales gremios agropecuarios han manifestado una profunda preocupación. La demanda es clara: el impulso al sector extractivo no debe traducirse en un desfinanciamiento o en un abandono de las políticas de inversión destinadas al campo, motor fundamental de la seguridad alimentaria y la estabilidad social.
El acuerdo petrolero, que busca dinamizar la industria mediante incentivos a la inversión extranjera directa, se presenta como una oportunidad para estabilizar las cuentas públicas en un contexto de volatilidad de precios internacionales. Sin embargo, para los líderes del sector agropecuario, este movimiento hacia el sector energético plantea el riesgo de un desequilibrio estructural. Los gremios advierten que la concentración de esfuerzos y capitales en la industria del petróleo podría profundizar la brecha de infraestructura y tecnología que ya afecta a las zonas rurales del país.
El riesgo de la desatención al sector primario
El núcleo de la protesta de los gremios radica en la necesidad de una distribución equitativa de la renta nacional. Según representantes de las asociaciones agrarias, la inversión en agricultura no debe ser vista como un gasto, sino como una inversión estratégica para la diversificación de la economía. La falta de inversión en vías terciarias, sistemas de riego tecnificados y centros de acopio modernos sigue siendo el principal cuello de botella para que el sector agropecuario pueda competir en los mercados internacionales con la misma eficiencia que el sector extractivo.
Además, los productores han señalado que la volatilidad de los precios del crudo hace que depender excesivamente de los acuerdos petroleros sea una estrategia de alto riesgo. En este sentido, la demanda de mayor inversión busca blindar al país contra la denominada «enfermedad holandesa», un fenómeno económico donde el auge de un sector exportador de materias primas (como el petróleo) provoca una apreciación de la moneda y un consecuente deterioro de la competitividad de otros sectores vitales, como el agro.
Seguridad alimentaria y estabilidad social
Otro punto crítico en la argumentación de los gremios es la relación directa entre la inversión agrícola y la seguridad alimentaria. En un escenario de incertidumbre climática y tensiones geopolíticas globales, fortalecer la producción interna de alimentos es una cuestión de seguridad nacional. Los líderes agropecuarios subrayan que un campo descapitalizado y sin apoyo estatal es vulnerable a la importación masiva de productos básicos, lo que incrementa la dependencia externa y la inflación de la canasta básica para la población.
Hacia un modelo de desarrollo integral
El desafío para el Gobierno radica en la capacidad de gestionar una transición económica que permita aprovechar la bonanza petrolera sin sacrificar el desarrollo rural. Los expertos económicos sugieren que parte de los ingresos derivados de los nuevos acuerdos con Estados Unidos deberían ser etiquetados específicamente para fondos de desarrollo agropecuario, garantizando que la riqueza generada por el subsuelo se traduzca en mejoras tangibles para la productividad de la tierra.
En las próximas semanas, se espera que las organizaciones agropecuarias presenten un pliego de peticiones más detallado ante el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Agricultura. El objetivo es establecer una hoja de ruta que asegure que la política de inversión sea multidimensional, permitiendo que el país no solo sea un proveedor energético confiable, sino también una potencia agroindustrial capaz de sostener su crecimiento a largo plazo de manera sostenible y diversificada.
