Crisis judicial en Yaracuy: Exigen intervención del Circuito Penal y revisión de expedientes para 180 detenidos
Una multitudinaria concentración de familiares de privados de libertad y representantes de la sociedad civil sacudió las inmediaciones del Circuito Judicial de San Felipe, en el estado Yaracuy.
Los manifestantes exigieron una intervención inmediata del sistema de justicia regional, el cese definitivo del retardo procesal y una auditoría exhaustiva de los expedientes de al menos 180 ciudadanos recluidos bajo condiciones críticas. La jornada visibilizó el profundo descontento social ante las presuntas irregularidades operativas y procesales que imperan en los tribunales de la entidad.
Denuncias de irregularidades y traslados arbitrarios
Durante la movilización, la abogada Marbella Gutiérrez, portavoz de la organización civil «Yaracuy en Transición», formalizó la solicitud de revisión para los 180 casos de personas recluidas en los centros de coordinación policial del estado. Gutiérrez denunció de manera categórica la existencia de graves violaciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Según la jurista, en el análisis preliminar de los expedientes predominan patrones sistemáticos como la simulación de hechos punibles, conocida coloquialmente como la «siembra» de evidencias, prácticas que posteriormente son convalidadas por los fiscales del Ministerio Público.
Asimismo, la representante legal alertó sobre el traslado inconsulto y arbitrario de numerosos detenidos hacia centros penitenciarios ubicados fuera de los límites del estado Yaracuy. Esta medida no solo vulnera el principio del juez natural y dificulta la continuidad de los juicios, sino que además impone una carga económica y logística devastadora sobre los familiares de los reclusos, quienes en su gran mayoría pertenecen a sectores de escasos recursos económicos.
El drama humano y la falta de atención médica
Los testimonios recabados durante la protesta evidencian el impacto humanitario de la crisis judicial. Nurys Arza, madre de uno de los privados de libertad, relató que su hijo fue trasladado intempestivamente al estado Lara sin notificación previa, sumiendo a la familia en la incertidumbre sobre el destino de su causa judicial. Arza enfatizó que los elevados costos de transporte y los requerimientos de paquetería limitan drásticamente la posibilidad de realizar visitas, por lo que exigió el retorno de los detenidos para que cumplan sus procesos dentro de su jurisdicción de origen.
Por otra parte, María Castillo expuso el caso de su hijo, recluido en la Comandancia General de San Felipe, quien presuntamente fue víctima de una siembra policial. A pesar de contar con un informe psiquiátrico que certifica un cuadro severo de trastorno mental orgánico, su proceso judicial continúa paralizado. Los familiares denunciaron de manera unánime que el sistema penitenciario y judicial de la región carece de protocolos de atención humanitaria y de priorización para aquellos internos que padecen patologías graves o condiciones de salud mental crónicas.
Rector judicial respalda las denuncias contra el sistema
La protesta cobró un peso institucional significativo con la participación y el respaldo del Dr. Nelson León, rector del poder judicial del estado Yaracuy, quien se sumó a las demandas de la sociedad civil y lanzó duras críticas contra el funcionamiento de los despachos locales. León aseveró que el Circuito Penal de Yaracuy, en complicidad con el Ministerio Público, ha dejado de respetar de manera sistemática el debido proceso, las garantías constitucionales y las decisiones vinculantes emanadas de las salas Constitucional y Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
Una justicia selectiva y desigual
El jurista fue enfático al señalar que el retardo procesal afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población. Según sus declaraciones, las cárceles de la región albergan casi exclusivamente a personas sin recursos económicos, sugiriendo que la corrupción administrativa permite resolver con celeridad los casos de quienes poseen capital financiero. Ante este escenario de desprotección jurídica, los organizadores de la protesta anunciaron que formalizarán en los próximos días un documento ante las instancias nacionales para exigir la intervención del circuito judicial, aclarando que no buscan la impunidad, sino que se garantice un juicio justo y apegado a la legalidad.
