Misión de la ONU advierte que la transición en Venezuela exige desmantelar el aparato represivo y reformar el Estado
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, auspiciada por las Naciones Unidas, afirmó que el país suramericano se encuentra ante una oportunidad histórica para avanzar hacia un cambio real. Sin embargo, la delegación advirtió con firmeza que para consolidar esta transición se requiere de forma obligatoria una hoja de ruta pública, transparente y estructurada, que cuente con la participación activa de la sociedad civil y de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Una hoja de ruta con indicadores claros para la transición
Sofía Macher, presidenta de la Misión de la ONU, enfatizó la necesidad de establecer plazos e indicadores concretos que permitan a la comunidad internacional verificar de manera objetiva las excarcelaciones de presos políticos, las reformas institucionales pendientes, la protección efectiva de las libertades fundamentales y los avances reales en materia de justicia. Macher instó a los actores globales a situar estos objetivos democráticos y humanitarios en el centro de cualquier relación diplomática o comercial con las actuales autoridades venezolanas, asegurando que no puede haber un progreso sostenible sin un monitoreo riguroso.
El impacto de la intervención militar y la persistencia del aparato estatal
La presentación de estas conclusiones, liderada por Macher junto a los expertos Alex Neve y María Eloísa Quintero, precede a la publicación oficial de un exhaustivo informe que documenta los hallazgos registrados entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Este periodo estuvo fuertemente marcado por la intervención militar de Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas, un suceso calificado por la Misión como contrario al derecho internacional, pero que innegablemente abrió una nueva etapa política. A pesar de que este escenario propició una disminución en las detenciones políticas de larga duración y un incremento en la actividad pública opositora, los expertos alertan que las estructuras represivas siguen intactas.
Funcionarios señalados por crímenes de lesa humanidad continúan en el poder
Uno de los puntos más críticos señalados por la Misión es la permanencia en puestos de alta responsabilidad de al menos 12 funcionarios previamente acusados de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Organismos de seguridad e inteligencia clave, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), continúan operando bajo los mismos esquemas y sin reformas estructurales o depuraciones internas que garanticen el fin de la impunidad.
Obstáculos legales y la necesidad de una reforma judicial profunda
Finalmente, la Misión denunció que siguen vigentes múltiples instrumentos jurídicos diseñados para restringir el espacio cívico, asfixiar el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y silenciar la disidencia periodística. Alex Neve, exsecretario general de Amnistía Internacional Canadá, concluyó que aunque la intervención militar alteró drásticamente el tablero geopolítico y redujo ciertos abusos flagrantes, la crisis de derechos humanos de larga data en Venezuela dista mucho de haber terminado, por lo que se requiere una reforma judicial profunda e independiente para evitar que el aparato represor vuelva a activarse.
