Venezolanos en Colombia cuestionan los operativos migratorios y exigen frenar la estigmatización
La comunidad de migrantes venezolanos residente en Colombia ha manifestado su profunda preocupación ante el endurecimiento de las políticas de control migratorio implementadas por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Tras el anuncio de operativos conjuntos entre la Policía Nacional y Migración Colombia para identificar y deportar a extranjeros en situación irregular, diversas organizaciones de derechos humanos y asociaciones de migrantes han alzado la voz para exigir que se garantice el debido proceso y se evite asociar la falta de documentación con la delincuencia.
El origen de la controversia y las medidas del Ejecutivo
La tensión escaló luego de que el presidente De la Espriella ordenara el despliegue de operativos de control de identidad y estatus migratorio, comenzando de manera piloto en Barranquilla y extendiéndose rápidamente a ciudades fronterizas como Cúcuta y sectores vulnerables de Bogotá. Bajo la premisa de «primero los colombianos», el mandatario instruyó la deportación inmediata de aquellos extranjeros que se encuentren de forma irregular en el territorio nacional, priorizando a quienes estén vinculados con actividades delictivas, pero incluyendo también a quienes no han logrado regularizar su permanencia.
Esta directriz ha encendido las alarmas entre los más de 2,8 millones de venezolanos que residen en Colombia. Aunque las autoridades insisten en que las medidas buscan combatir la criminalidad y no perseguir a una nacionalidad específica, la retórica oficial ha generado un clima de incertidumbre y temor generalizado, incluso entre aquellos que cuentan con trámites de regularización en curso o solicitudes de protección internacional pendientes.
La respuesta de las organizaciones: «La irregularidad no es delito»
Asociaciones como Venezolanos en Barranquilla y diversas ONG de apoyo al migrante han enfatizado que la irregularidad administrativa no debe ser equiparada con la criminalidad. Los voceros de estas organizaciones señalan que la gran mayoría de los venezolanos que han ingresado a Colombia lo han hecho forzados por la crisis humanitaria y política de su país de origen, buscando oportunidades de subsistencia y no con fines delictivos. En este sentido, exigen que se realicen evaluaciones individuales y rigurosas antes de proceder con cualquier medida de expulsión o retorno forzoso.
Asimismo, los representantes de la comunidad migrante advierten sobre el riesgo de que estos operativos masivos alimenten discursos xenófobos y de estigmatización en la sociedad colombiana. Al vincular de manera directa los operativos de seguridad ciudadana con el control migratorio, se corre el riesgo de señalar a toda la población extranjera como responsable de los índices de criminalidad, cuando las estadísticas demuestran que la participación de extranjeros en delitos es minoritaria en comparación con el total nacional.
Desafíos en el acceso a la regularización
Uno de los puntos más críticos señalados por los expertos es el cuello de botella institucional para acceder a vías legales de permanencia. Con el cierre de nuevas fases del Permiso por Protección Temporal (PPT) para la mayoría de los adultos, cerca de 850.000 venezolanos se encuentran actualmente en un limbo jurídico, sin mecanismos claros para formalizar su estatus. Las organizaciones hacen un llamado al gobierno colombiano para que, en lugar de optar por la vía de la deportación masiva, se habiliten nuevos canales de regularización que permitan integrar de manera productiva y segura a esta población en la economía y la sociedad del país.
